Amnistía Internacional

LA OTAN EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA

¿«DAÑOS COLATERALES»
U HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS?
Violaciones del derecho de los conflictos armados cometidas
por la OTAN durante la Operación Fuerza Aliada

LA OTAN EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA
¿«DAÑOS COLATERALES» U HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS?
Violaciones del derecho de los conflictos armados
cometidas por la OTAN durante la Operación Fuerza Aliada

ÍNDICE

1.	Introducción	3
Información general: violaciones de derechos humanos en Kosovo	4
2.	El derecho de los conflictos armados y la protección de los civiles	5
2.1	La prohibición de los ataques directos contra civiles y de los ataques indiscriminados	6
2.2	Medidas de precaución	7
2.3	Escudos humanos	8
2.4	Responsabilidad jurídica de las violaciones del derecho internacional humanitario	8
Responsabilidad de los Estados	8
Responsabilidad penal individual	9
Responsabilidad de los miembros de la OTAN	9
Jurisdicción respecto de las violaciones graves del derecho internacional humanitario	11
3.	La Operación Fuerza Aliada y la protección de los civiles	12
3.1	El derecho de los conflictos armados y su interpretación	12
3.2	Selección de objetivos	13
3.3	El reglamento de combate	14
3.4	Medidas de precaución	14
3.5	El uso de armas específicas	16
3.6	Los servicios de información y el principio de distinción	17
3.7	La OTAN y los medios de comunicación: retórica y realidad	20
3.8	Investigación y reparación a las víctimas	21
4.	Conclusiones y recomendaciones	22
5.	Casos	25
5.1	El ataque del 12 de abril de 1999 al puente ferroviario de Grdelica, en el que fue alcanzado un tren de pasajeros	27
5.2	Los ataques del 14 de abril de 1999 a un convoy de civiles de etnia albanesa cerca de Djakovica	28
El ataque lanzado al noroeste de Djakovica	30
El ataque lanzado al sureste de Djakovica	32
5.3	El ataque del 23 de abril de 1999 a la radiotelevisión estatal serbia	37
5.4	El autobús civil y la ambulancia alcanzados en Luñane el 1 de mayo	42
5.5	Las bombas de racimo arrojadas el 7 de mayo sobre el mercado y el hospital de Niš	43
5.6	El ataque del 8 de mayo de 1999 a la embajada china en Belgrado	46
5.7	Los civiles de etnia abanesa bombardeados en Koriša el 13 de mayo de 1999	48
5.8	El ataque del 30 de mayo de 1999 al puente de Varvarin	52
5.9	El ataque de Surdulica del 31 de mayo de 1999	54

LA OTAN EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA
¿«DAÑOS COLATERALES» U HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS?

Violaciones del derecho de los conflictos armados
cometidas por la OTAN durante la Operación Fuerza Aliada

1.	Introducción

	Del 24 de marzo al 10 de junio de 1999, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llevó a cabo una operación aérea contra la República Federativa de Yugoslavia que recibió el nombre en clave de Operación Fuerza Aliada. La aviación de la OTAN hizo más de 38.000 salidas en misión de combate contra objetivos de las provincias de Kosovo y Vojvodina, Serbia propiamente dicha y la República de Montenegro; 10.484 de ellas fueron de ataque. Los medios de comunicación yugoslavos han manifestado que las incursiones aéreas de la OTAN causaron millares de muertes entre la población civil; sin embargo, el número de víctimas mortales civiles indicado en detallados informes del gobierno de la República Federativa de Yugoslavia oscila entre 400 y 600. La OTAN no ha publicado estimaciones oficiales del número de civiles o de combatientes de la República Federativa de Yugoslavia que resultaron muertos. Ningún soldado suyo murió durante la operación aérea a causa de ataques. 

	La OTAN es una alianza de 19 naciones de Europa y Norteamérica, fundada en 1949 con objeto de que sus integrantes se ofrecieran mutuamente garantías de defensa colectiva en caso de que uno o más de ellos fueran atacados por otra nación. La OTAN emprendió acciones militares contra la República Federativa de Yugoslavia al fracasar las negociaciones que mantenían con ella algunos de sus miembros acerca de la situación y futura condición de Kosovo, donde las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia se enfrentaban al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) en un conflicto armado caracterizado por la comisión de graves abusos contra los derechos humanos. La OTAN fijó varias metas a su intervención militar, entre ellas poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas yugoslavas contra los civiles de etnia albanesa, conseguir la retirada de Kosovo de todas las fuerzas yugoslavas y su sustitución por una fuerza internacional y garantizar el regreso a sus hogares de todos los refugiados y desplazados internos kosovares.

	La OTAN ha declarado que su intervención en la República Federativa de Yugoslavia fue «la operación aérea más precisa y con menos daños colaterales de la historia». Sin embargo, Amnistía Internacional tiene serias preocupaciones acerca de hasta qué punto las fuerzas de la OTAN participantes de la Operación Fuerza Aliada cumplieron las normas del derecho humanitario internacional relativas a la participación en hostilidades, en particular las concebidas con el fin de proteger a los civiles y los bienes civiles. Considerando los datos disponibles, incluidas las declaraciones e informes de la propia OTAN sobre casos específicos, Amnistía Internacional cree que, cualesquiera que fueras sus intenciones, las fuerzas de la OTAN cometieron graves violaciones del derecho de los conflictos armados causantes, en diversos casos, de homicidios ilegítimos de civiles. 

	Un ejemplo de ello fue el ataque del 23 de abril contra la sede de la radiotelevisión estatal serbia (RTS), cuando la OTAN bombardeó directamente un objetivo civil, matando a 16 civiles. En otros casos, incluidos el bombardeo del puente del ferrocarril de Grdelica el 12 de abril, en el que murieron 12 civiles, y el ataque con misiles lanzado contra el puente de Varvarin el 30 de mayo, que causó la muerte a 11 civiles, las fuerzas de la OTAN no suspendieron su acometida una vez que se hizo patente que habían alcanzado a civiles. Y hubo ataques, entre ellos los que causaron mayor número de bajas civiles (los lanzados contra desplazados de etnia albanesa cerca de Djakovica el 14 de abril y en Koriša el 13 de mayo, en los que el número de víctimas mortales ascendió en conjunto a más de 120), en los que la OTAN no tomó las precauciones necesarias para causar el menor número posible de bajas civiles. El presente informe contiene un examen detallado de estos ataques y de otros similares. 

	La preocupación suscitada por el creciente número de bajas civiles se intensificó a lo largo de la Operación Fuerza Aliada. El 23 de abril de 1999, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) manifestó: 

Durante la primera semana, o poco después, los ataques aéreos causaron efectivamente un bajo número de víctimas civiles. Sin embargo, con la intensificación de los ataques aéreos, como pudo comprobar el CICR [...] ha aumentado también el número de víctimas civiles serbias y los daños a objetivos civiles [...] Incidentes importantes por lo que respecta a civiles han sido la destrucción de un tren de pasajeros en un puente y el ataque contra vehículos civiles en Kosovo. En ambos casos hubo muertos y heridos.

	El 4 de mayo se publicó la siguiente declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los refugiados, Mary Robinson:

Si se puede evitar causar bajas civiles, es evidente que debe hacerse y que depende de decisiones que se deben tomar [...] Si es imposible saber con certeza si hay autobuses en los puentes, ¿se deben volar los puentes? Estas cuestiones son muy importantes porque las personas no son daños colaterales; son personas a las que se mata y hiere y cuya vida se destruye, y nos preocupa mucho la frecuencia con que los civiles están en la línea de fuego en la guerra moderna, en los conflictos modernos.

	En el curso de la Operación Fuerza Aliada, Amnistía Internacional escribió repetidas veces a Javier Solana, a la sazón secretario general de la OTAN, en relación con ataques específicos y para expresar preocupación por cuestiones como si la OTAN estaba tomando precauciones suficientes al seleccionar los objetivos, elegir el momento de los ataques y decidir cómo llevar a cabo éstos y si se avisaba previamente a la población civil cuando era posible hacerlo. La organización expresó preocupación por el hecho de que varios ataques que habían causado muertes de civiles parecieran indicar que la OTAN no estaba tomando todas las precauciones necesarias para proteger a los civiles porque estaba dando prioridad a la seguridad de los pilotos. 

	En sus contestaciones a las preguntas de Amnistía Internacional, la OTAN dio garantías generales de que se estaba haciendo todo lo posible para no causar bajas civiles, pero no ofreció respuestas sustanciales a las cuestiones planteadas por la organización acerca de casos específicos, ni dio tampoco ninguna indicación sobre si se estaban llevando a cabo investigaciones. Amnistía Internacional no recibió información pertinente sobre el reglamento de combate de la OTAN a pesar de haberlo solicitado reiteradamente con objeto de hacer una evaluación independiente de su compatibilidad con el derecho internacional humanitario.

	El presente informe se basa en gran medida en informes y declaraciones públicas de la propia OTAN (y de los gobiernos de los países miembros de la alianza) sobre el modo en que se llevó a cabo la operación aérea, incluidas descripciones de sucesos concretos y explicaciones generales de métodos operativos. El 14 de febrero del 2000, Amnistía Internacional se reunió con una delegación de funcionarios de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas para hablar de sus preocupaciones sobre los bombardeos. La delegación de la OTAN estaba encabezada por Edgar Buckley, subsecretario general para Planificación de Defensa y Operaciones e incluía también a Jamie Shea, portavoz de la OTAN; Pieter Feith, jefe de la Dirección de Operaciones y Gestión de Crisis; Baldwin De Vidts, asesor jurídico de la OTAN, y el teniente general O.L. Kandborg, director del departamento de  Personal Militar Internacional. La delegación de Amnistía Internacional estaba formada por dos miembros del personal del Secretariado Internacional, a los que acompañaban Horst Fischer, jefe de estudios del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados de la Ruhr-Universität Bochum, Alemania, y catedrático de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden, Países Bajos; y el teniente coronel retirado Pekka Visuri, investigador temporal del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales y catedrático adjunto de la Facultad de Defensa Nacional de Helsinki.

Información general: violaciones de derechos humanos en Kosovo 

	En los últimos diez años, Amnistía Internacional ha documentado extensamente las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia contra los habitantes de etnia albanesa de Kosovo y ha emprendido acciones para ponerles fin. (Véase Kosovo: Una década de oídos sordos a las advertencias, vol. 1, Índice AI: EUR 70/39/99/s, de abril de 1999). Durante ese tiempo, los habitantes de Kosovo de etnia albanesa fueron víctimas de homicidios ilegítimos, torturas y malos tratos. Muchos presos políticos, considerados en algunos casos presos de conciencia, fueron condenados por tribunales de justicia que no cumplieron en el juicio las normas internacionales de justicia procesal. 

	En 1998 se produjo un aumento de las violaciones de derechos humanos perpetradas en Kosovo por las fuerzas de seguridad de la República Federativa de Yugoslavia y los grupos paramilitares (véase Kosovo: Una década de oídos sordos a las advertencias, vol. 2, Índice AI: EUR 70/40/99/s, de abril de 1999). Estalló un conflicto armado entre miembros del Ejercito de Liberación de Kosovo (ELK), grupo formado para luchar por la independencia de la provincia, y las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia, la policía serbia y los grupos paramilitares de la región. La inmensa mayoría de las víctimas de ese conflicto fueron civiles de etnia albanesa. Sin embargo, los serbios también sufrieron abusos contra los derechos humanos, como secuestros, palizas y ejecuciones, a manos de grupos armados de etnia albanesa, algunos de los cuales aseguraban ser el ELK. 

	En febrero y marzo de 1999, la comunidad internacional ejerció sobre las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia una intensa presión diplomática, acompañada de amenazas de acción militar. El fracaso de los esfuerzos por negociar un acuerdo entre la República Federativa de Yugoslavia y los representantes de la población de etnia albanesa de Kosovo realizados durante una serie de reuniones celebradas en Rambouillet, Francia, provocó el estallido de un conflicto armado internacional. En marzo, la OTAN emprendió una campaña de bombardeos contra las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia, la policía serbia y los grupos paramilitares con el objetivo declarado de impedir una catástrofe en Kosovo desde el punto de vista de los derechos humanos. Sin embargo, los abusos cometidos contra tales derechos por las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia, la policía serbia y los grupos paramilitares aumentaron, y centenares de miles de personas de etnia albanesa y de miembros de minorías huyeron de Kosovo a los Estados limítrofes de Albania y Macedonia o se convirtieron en desplazados internos. (Véanse Ex República Yugoslava de Macedonia: La protección de los refugiados albanokosovares, Índice AI: EUR 65/03/99/s, de mayo de 1999, y Federal Republic of Yugoslavia (Kosovo): Smrekovnica Prison--a regime of torture and ill-treatment leaves hundreds unaccounted for, Índice AI: EUR 70/107/99, de octubre de 1999). 

	En junio de 1999, la OTAN puso fin a su campaña de bombardeos tras firmar con las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia el denominado Acuerdo Técnico Militar, en virtud del cual todas las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia, la policía serbia y los grupos paramilitares abandonaron Kosovo y un fuerza militar de la OTAN conocida como Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (Kosovo Peace-Keeping Force, KFOR) tomó el control de la provincia. Con objeto de administrar ésta se creó también la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK). Amnistía Internacional ha continuado con su trabajo de vigilancia y denuncia de los abusos contra los derechos humanos cometidos en Kosovo incluso habiendo sido instituida la UNMIK (véanse República Federativa de Yugoslavia (Kosovo): Recomendaciones de Amnistía Internacional a la UNMIK sobre el sistema judicial, Índice AI: EUR 70/06/00/s, de febrero del 2000, y República Federativa de Yugoslavia (Kosovo): ¿Marcar la pauta? La respuesta de la UNMIK y la KFOR a la violencia en Mitrovica, Índice AI: EUR 70/13/00/s.)

	Amnistía Internacional no adopta ninguna postura sobre las cuestiones que se planteen en torno a la situación de Kosovo. La organización no juzga si está justificado o no que alguien recurra a la fuerza, por lo que no toma ninguna postura acerca de la base jurídica o moral de la intervención militar de la OTAN contra la República Federativa de Yugoslavia. Amnistía Internacional se centra estrictamente en el modo en que se llevó a cabo tal intervención desde el punto de vista del derecho internacional humanitario.

2.	El derecho de los conflictos armados y la protección de los civiles

	No todas las muertes de civiles causadas en tiempo de guerra son homicidios ilegítimos. Se supone que en los conflictos armados pueden producirse lo que los portavoces militares denominan eufemísticamente «daños colaterales», que incluyen bajas civiles. No obstante, existen claras normas que establecen límites al modo de llevar a cabo las hostilidades y que, en particular, prohíben el uso de ciertos medios y métodos de guerra. Tales normas tienen por objeto proteger en la medida de lo posible la vida de los civiles y los bienes de carácter civil. Prohíben, no sólo todo ataque directo contra civiles o contra bienes civiles, incluidas las represalias contra ellos, sino también los ataques en que no se distinga entre objetivos militares y civiles o bienes civiles y los que, aunque vayan dirigidos contra un objetivo militar legítimo, tengan un efecto desproporcionado en los civiles o en bienes civiles. Asimismo, las normas establecen claramente las circunstancias estrictas en que los civiles o los bienes civiles pierden su protección —por ejemplo, cuando un bien civil se utiliza con fines militares—. 

	La exposición más completa de las normas que regulan el modo de llevar a cabo las hostilidades en los conflictos armados internacionales es el primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), que fue adoptado en 1977 y ha sido ratificado por más de 150 Estados. Tres de los 19 miembros de la OTAN no son Partes en él, a saber: Francia (si bien Amnistía Internacional tiene entendido que piensa ratificarlo en un futuro próximo), Estados Unidos (aunque su código militar se hace eco de las disposiciones más importantes del Protocolo I) y Turquía. Las disposiciones fundamentales de este protocolo, incluidas todas las normas sobre el modo de llevar a cabo las hostilidades mencionadas en este informe, se consideran parte del derecho consuetudinario internacional y son, por tanto, vinculantes para todos los Estados. 

2.1	La prohibición de los ataques directos contra civiles y de los ataques indiscriminados 

	Uno de los pilares del derecho internacional humanitario es el principio de que se deben adoptar todas las medidas posibles para distinguir entre personas y bienes civiles y objetivos militares. El artículo 48 del Protocolo I contiene la «norma fundamental» con respecto a la protección de los civiles. Conocida a menudo como principio de distinción, dispone:

A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares. 

	Con respecto a los bienes, el artículo 52.2 define los objetivos militares como «aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida». El artículo 51.2 del Protocolo dispone sin la menor ambigüedad que «no serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles».

	El derecho internacional prohíbe no sólo los ataques directos contra civiles, sino también los indiscriminados. Tal como se definen en el artículo 51.4 del Protocolo I, son ataques indiscriminados los que «pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil». Entre ellos figuran:
 
a) los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;

b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o

c) los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido por el presente Protocolo. 

	En el artículo 51.5 se definen como indiscriminados otros dos tipos de ataque, a saber:

a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, que traten como objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil;

b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

	Los ataques indiscriminados se producen cuando las fuerzas armadas no hacen caso omiso del principio de distinción y atacan un objetivo militar sin tener en cuenta las posibles consecuencias para los civiles. Pueden utilizar armas que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se emplean, no sirvan para alcanzar un objetivo militar con precisión. O pueden recurrir a tácticas o métodos de ataque en los que no se tome en consideración la vida de los civiles. 

2.2	Medidas de precaución 

	Aunque cada vez que se mata o hiere a civiles no se infringe necesariamente el derecho internacional humanitario, las disposiciones del derecho de los conflictos armados exigen que las fuerzas militares hagan todo lo posible para no causar bajas civiles. De acuerdo con el artículo 57.1 del Protocolo I, «las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil». Y el artículo 52.3 dispone que, si no está claro si se está dando alguna utilidad militar al objetivo, «se presumirá que no se utiliza con tal fin».

	El artículo 57.2 especifica lo siguiente:

Respecto a los ataques, se tomarán las siguientes precauciones:

a) quienes preparen o decidan un ataque deberán:

i) hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de carácter civil, ni gozan de protección especial, sino que se trata de objetivos militares en el sentido del párrafo 2 del artículo 52 y que las disposiciones del presente Protocolo no prohíben atacarlos;

ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil;

iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;

b) un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar o que goza de protección especial, o que es de prever que el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;

c) se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan.

2.3	Escudos humanos 

	Después de varios ataques que causaron bajas civiles, la OTAN sugirió que el ejército yugoslavo podía estar utilizando a civiles como escudos humanos. El Protocolo I prohíbe el uso de tales tácticas. Su artículo 51.7 dispone:

La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares.

	Asimismo, el artículo 58 obliga a las Partes en conflicto a tomar todas las precauciones necesarias para proteger a los civiles bajo su control de los peligros derivados de las operaciones militares, entre ellas las de alejarlos de las inmediaciones de los objetivos militares y evitar poner objetivos militares dentro o cerca de zonas densamente pobladas. 

	No obstante, el artículo 51.8 estipula claramente que, incluso si uno de los bandos utiliza a civiles como escudo, tal infracción del derecho internacional no «dispensará a las Partes en conflicto de sus obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y las personas civiles, incluida la obligación de adoptar las medidas de precaución previstas en el artículo 57». 

	Además, el artículo 50.3 dispone: 

La presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil.

2.4	Responsabilidad jurídica de las violaciones del derecho internacional humanitario 

Responsabilidad de los Estados 

	El artículo 85 del Protocolo I define ciertas «infracciones graves» de éste, que se consideran crímenes de guerra. Dichas infracciones, cuando se cometen deliberadamente y causan la muerte o lesiones graves, incluyen «hacer objeto de ataque a la población civil o a personas civiles» y «lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a bienes de carácter civil a sabiendas de que tal ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil» que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. En otras relaciones de crímenes de guerra, como la contenida, por ejemplo, en el artículo 8.2.b del Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional, se incluye «dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles».

	El artículo 86 dispone que «las Partes en conflicto deberán reprimir las infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen todas las demás infracciones de los Convenios [de Ginebra de 1949] o del presente Protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de actuar». Y de conformidad con el artículo 88, las Partes «se prestarán la mayor asistencia posible en lo que respecta a todo proceso penal relativo a las infracciones graves de los Convenios o del presente Protocolo».

	El artículo 91 estipula claramente que cada Parte en el conflicto «será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas». Por consiguiente, «la Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello».

Responsabilidad penal individual 

 	En caso de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se puede considerar responsables penalmente a los individuos tanto si son civiles como militares y, con respecto a los segundos, independientemente de su graduación. Se pueden pedir responsabilidades a un superior por los actos cometidos por sus subordinados si sabía o debía saber que éstos estaban cometiendo o iban a cometer una infracción grave y estaba en condiciones de impedirlo o reprimirlo y no lo hizo. Según el artículo 86.2 del Protocolo I: 

El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracción.

	El artículo 87 exige que «los jefes militares, en cuanto se refiere a los miembros de las fuerzas armadas que están a sus órdenes y a las demás personas que se encuentren bajo su autoridad, impidan las infracciones de los Convenios y del presente Protocolo y, en caso necesario, las repriman y denuncien a las autoridades competentes». El principio de la responsabilidad de los superiores se encuentra recogido también en los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (Tribunal de Yugoslavia) y de la Corte Penal Internacional, y en el Proyecto de Código en Materia de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en 1996.

	No se puede aducir la orden de un superior como eximente en caso de infracciones del derecho internacional humanitario, si bien podría tenerse en cuenta como atenuante al imponer la pena. Este principio se reconoce desde que se celebraron los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y forma ya parte del derecho consuetudinario internacional. Se halla recogido en los estatutos del Tribunal de Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional, y en el Proyecto de Código de Crímenes.
	
Responsabilidad de los miembros de la OTAN 
	
	La Operación Fuerza Aliada la llevaron a cabo una coalición de Estados miembros de la OTAN en nombre de toda la alianza. Tanto la decisión inicial de recurrir a la fuerza como las que condujeron posteriormente a la intensificación de los ataques aéreos se tomaron colectivamente. Durante el tiempo que duró la operación, en ningún momento condenó públicamente ningún miembro de la alianza alguno de los ataques efectuados por la fuerzas de ésta. Por consiguiente, cada miembro de la OTAN es responsable de las acciones militares llevadas a cabo bajo los auspicios de la alianza.

Jurisdicción respecto de las violaciones graves del derecho internacional humanitario 

	De conformidad con las disposiciones comunes a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, cada Estado Parte se compromete «a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar» a las personas implicadas en infracciones graves de los Convenios o sus Protocolos. Asimismo, en el caso de tales crímenes de guerra se aplica el principio de la jurisdicción universal. Por tanto, cada Estado Parte

tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad.

	Los Convenios de Ginebra permiten entregar, si se prefiere, a tales personas a otro Estado Parte para que las juzgue, pero disponen que «los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre defensa». Los Convenios no excluyen su entrega a un tribunal penal internacional. Las disposiciones relativas a las infracciones graves de los Convenios se aplican también a las infracciones graves del Protocolo I. 

	Además de estar obligados a ejercer la jurisdicción universal por infracciones graves, los Estados pueden ejercerla también por otros crímenes de guerra. Si tras realizar una investigación existen pruebas admisibles suficientes y el sospechoso está dentro de su jurisdicción, los Estados deben procesarlo en un juicio justo o extraditarlo a otro Estado que quiera y pueda celebrar un juicio justo.

	Con respecto a la Operación Fuerza Aliada, además de la jurisdicción de los tribunales nacionales de cualquier Estado, está la jurisdicción concurrente del Tribunal de Yugoslavia, cuyo Estatuto dispone que tiene competencia respecto de las infracciones graves de los Convenios de Ginebra (artículo 2) y de otras violaciones de las leyes y prácticas de guerra (artículo 3) cometidas desde 1991 en cualquier parte de la ex Yugoslavia (artículo 1) por cualquier persona, independientemente de la nacionalidad de esa persona. Como se ha confirmado reiteradamente, el Tribunal de Yugoslavia tiene plena jurisdicción sobre toda posible violación del derecho internacional humanitario cometida durante la Operación Fuerza Aliada por la OTAN o por cualquier otra parte en el conflicto. 

	Con respecto a la jurisdicción real del Tribunal de Yugoslavia, la Sala de Apelaciones recordó en la causa Prosecutor v. Tadiƒ la intervención de Estados Unidos en el debate entablado por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el asunto en 1993, señalando que esta declaración no se había impugnado:

Se entiende que las «leyes y prácticas de la guerra» a que se hace referencia en el artículo 3 incluyen todas la obligaciones que imponen los “... acuerdos sobre derecho humanitario en vigor en el territorio de la antigua Yugoslavia en el momento en que se cometieron los actos, incluidos el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977. 

3.	La Operación Fuerza Aliada y la protección de los civiles

3.1	El derecho de los conflictos armados y su interpretación 

	Durante la Operación Fuerza Aliada, la OTAN jamás explicó exactamente qué normas del derecho internacional humanitario aplicaban sus fuerzas ni cómo mantenía una interpretación coherente de estas normas durante las acciones militares. Los miembros de la alianza no comparten las mismas obligaciones en lo que a tratados internacionales se refiere. Estados Unidos, por ejemplo, cuya aviación hizo casi el 80 por ciento de las salidas realizadas por la OTAN en misión de ataque durante la operación, no ha ratificado el Protocolo I, y Francia y Turquía, tampoco. El portavoz de la OTAN, Jamie Shea, repitió a lo largo de toda la operación que las fuerzas de la alianza estaban respetando las disposiciones del derecho de los conflictos armados con una rigurosidad sin precedentes. Pero en las declaraciones públicas realizadas durante la operación no se hizo ninguna referencia explícita al Protocolo I, que constituye con creces la codificación más exhaustiva del derecho sobre el modo de llevar a cabo hostilidades. En una sesión de información general celebrada por la OTAN el 18 de mayo de 1999, Jamie Shea explicó así la observancia del derecho de los conflictos armados por parte de la alianza:

El principio de discriminación es uno de los elementos más importantes del derecho aplicable en los conflictos armados. Este principió quedó recogido ya en el Convenio de La Haya de 1899, que exigía que los combatientes llevaran un emblema distintivo fijo, reconocible a distancia, y tuvieran sus armas a la vista. El derecho consuetudinario internacional exige que los combatientes establezcan en todo momento una distinción entre la población civil y los combatientes y dirijan sus operaciones sólo contra objetivos militares. No cabe ninguna duda de que eso es exactamente lo que la OTAN está haciendo: está distinguiendo entre objetivos civiles y militares, y de hecho, como estudioso de las leyes de la guerra, me atrevería a afirmar que en la historia de la guerra moderna no se encontrará otro conflicto armado en el que haya habido tanta disciplina y se haya puesto tanto cuidado en cumplir las leyes de la guerra y en establecer esa distinción como en la maniobras de selección de objetivos de la OTAN.

	Los funcionarios de la OTAN que se reunieron con Amnistía Internacional en Bruselas insistieron en que los miembros de la alianza respetaban el Protocolo I. Al mismo tiempo, manifestaron que la OTAN no es Parte en los convenios de derecho internacional humanitario. Baldwin de Vidts, asesor jurídico de la alianza, hizo hincapié en que son los Estados miembros los que tienen obligaciones individualmente. En cada Estado, son las propias autoridades encargadas del sistema legal las que deben garantizar que las fuerzas de su país participantes respetan el derecho internacional. En otras palabras, la OTAN no dispone de un mecanismo para hacer cumplir un conjunto de normas comunes o para garantizar una interpretación común de tales normas. Estos aspectos siguen siendo prerrogativas de cada Estado miembro, que crean contradicciones en la aplicación de las normas.

	El hecho de que la OTAN sea un alianza no tiene por qué impedirle garantizar en la práctica que, al actuar bajo sus auspicios, sus fuerzas considerarán de obligado cumplimiento las más estrictas normas del derecho internacional humanitario, incluido el Protocolo I, a parte de las obligaciones impuestas a los Estados por los tratados y por el derecho interno existente. La adhesión de todos los miembros de la OTAN al Protocolo I sería también la señal más clara de que la alianza considera realmente de obligado cumplimiento las más estrictas normas internacionales.

3.2	Selección de objetivos 

	Con respecto a la selección y asignación de objetivos, los funcionarios de la OTAN asistentes a la reunión de Bruselas explicaron a Amnistía Internacional que, de acuerdo con el sistema utilizado en la Operación Fuerza Aliada, la alianza asignaba a sus miembros una misión de ataque, pero que éstos podían rechazarla por razones como considerar ilegítimo el objetivo o creer que el ataque constituía una violación del derecho internacional y, posiblemente, de su derecho interno. Los funcionarios de la OTAN dijeron que, si un país rechazaba un objetivo por considerarlo ilegítimo, ese objetivo no se le asignaba ya a ningún otro país. Sin embargo, no está claro hasta qué punto se hacía así en la práctica. En al menos un caso —el ataque contra la sede de la radiotelevisión estatal serbia (RTS)—, parece que el bombardeo se llevó a cabo a pesar del desacuerdo existente entre los miembros de la OTAN acerca de si era o no legítimo.

	 Considerando desde el punto de vista operativo los dilemas jurídicos planteados por el hecho de combatir en coalición, el teniente general del ejército del aire estadounidense Michael Short, comandante de las Fuerzas Aéreas Aliadas del Sur de Europa, hizo la reflexión siguiente: 

Tenemos que saber aceptar las limitaciones que nuestros compañeros de coalición se impongan a sí mismos y nos impongan a nosotros. Hay naciones que no atacarán objetivos que mi nación sí atacará. Hay naciones que no comparten con nosotros la definición de lo que es un objetivo militar válido, y tenemos que saberlo por adelantado [...] Ustedes y yo tenemos que saber que toda la aviación con base en el Reino Unido está sujeta a normas del gobierno del Reino Unido acerca de si vamos a atacar un objetivo válido o no. 

	En la reunión con Amnistía Internacional, los funcionarios de la OTAN dijeron que, en algunos casos, no todos los miembros de la alianza (incluidos los participantes en los ataques en calidad de fuerzas de apoyo) eran informados de cuál era el objetivo o de los medios y el método de ataque. Este hecho supone que los Estados miembros podrían haber estado incurriendo en responsabilidad legal por ataques cuyas particularidades no conocían.

	Las autoridades francesas, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Hubert Védrine, han revelado que el ejército estadounidense complementaba los ataques aéreos lanzados bajo los auspicios de la OTAN con otros efectuados por cuenta propia. «Todos los países de la Alianza Atlántica actuaban como parte de la OTAN, con un debate exhaustivo sobre contra qué dirigirse —dijo el ministro en un documental de la BBC sobre la Operación Fuerza Aliada—. Pero Estados Unidos llevó también a cabo una operación estadounidense independiente. Desplegaba fuerzas nacionales con un mecanismo nacional de toma de decisiones controlado desde Estados Unidos. Y los aliados europeos no tenían noticia de estas acciones». La OTAN ha desmentido esta información.

3.3	El reglamento de combate 

	Durante la operación aérea, Amnistía Internacional escribió en varias ocasiones al secretario general de la OTAN para expresar preocupación por ataques específicos en los que podía haberse infringido el derecho internacional y pedir aclaraciones sobre el reglamento de combate adoptado por la alianza.

	En respuesta a las cuestiones específicas planteadas por Amnistía Internacional, la OTAN manifestó reiteradamente y en términos generales que acataba el derecho internacional humanitario y estaba haciendo «todo lo posible para no causar daños colaterales durante la operación aérea contra la República Federativa de Yugoslavia». En su cartas explicaba que sus pilotos actuaban de conformidad con un «estricto reglamento de combate», pero sin revelar ningún detalle sobre las normas o principios subyacentes a ese reglamento. Asimismo, no respondía a las respuestas específicas planteadas por Amnistía Internacional sobre casos concretos, por lo que resultaba difícil saber si el reglamento era compatible con las normas humanitarias internacionales. 

	En la reunión de Bruselas con Amnistía Internacional, los funcionarios de la OTAN arrojaron alguna luz sobre varios aspectos del reglamento de combate y sobre cómo se modificó en el curso del conflicto. Amnistía Internacional supo que cada Estado miembro tenía derecho a decidir qué aspectos del reglamento de combate propuesto por la OTAN adoptaría. Asimismo, se informó a la organización de los cambios realizados en los requisitos que debían cumplir los pilotos de la OTAN desde el punto de vista de la altitud (véase infra). No obstante, para hacer una evaluación exhaustiva de la observancia del derecho de los conflictos armados durante la Operación Fuerza Aliada sería necesario que la OTAN proporcionara más información sobre su reglamento de combate.

3.4	Medidas de precaución 

	El portavoz de la OTAN Jamie Shea declaró: «Aunque no hayamos sido perfectos al cien por cien, cosa que nadie puede ni podrá nunca ser, jamás en la historia ha habido una operación aérea en la que se haya discriminado a los militares en favor de los civiles tanto como en ésta». Este aspecto se subrayó repetidas veces en las ruedas de prensa de la OTAN. El general Walter Jertz dijo a los periodistas que la alianza estaba realizando «la campaña de bombardeos más precisa de la historia».

	Pocos discutieron la afirmación de la OTAN de que es imposible ser «perfectos al cien por cien» al hacer la guerra. Sin embargo, parece que en algunos casos la alianza no tomó todas la precauciones necesarias para proteger a los civiles debido fundamentalmente a que dio prioridad a la seguridad de los pilotos. Como dijo R.A. Mason, general de división retirado del ejército del aire británico, «[El modo de llevar a cabo la guerra] hacía que el mundo en general tuviera la impresión de que un desafortunado mínimo de bajas civiles era una característica inevitable y admisible de una guerra hecha por causas humanitarias, pero la pérdida de militares de aviación profesionales, no». La protección de las propias fuerzas es una cuestión de gran importancia para los militares, ¿pero puede esta consideración tener preferencia sobre la obligación jurídica de proteger a los civiles?

	La preocupación de si la OTAN tomó las precauciones necesarias para proteger a los civiles tiene su origen en la elección de ciertos métodos de ataque, como la práctica de bombardear a mucha altura, y en la continua falta de medidas eficaces de aviso a los civiles. 

	Según la OTAN, para proteger los aviones y a sus pilotos de las defensas antiaéreas de la República Federativa de Yugoslavia, al principio los aviones sólo podían volar por encima de los 4.500 metros. Este límite se redujo durante la segunda mitad de la operación aérea, cuando algunos aviones volaron a sólo 1.800 metros. Los funcionarios de la OTAN admitieron que al bombardear a mucha altitud se reducía la eficacia global de la operación, pero negaron que se causara por ello mayor número de bajas civiles. Afirmaron que se anulaban muchos ataques si no se podía identificar el objetivo con exactitud suficiente como para no alcanzar a civiles. 

	En Bruselas, los funcionarios de la OTAN dijeron a Amnistía Internacional que un piloto que volara a 4.500 metros sólo podría determinar si el objetivo era el previsto según la planificación del ataque, pero no podría saber, por ejemplo, si se habían aproximado a él civiles. Debido a la norma de los 4.500 metros, era imposible, por tanto, que los pilotos de la OTAN cumplieran la obligación de suspender un ataque si las circunstancias cambiaban sobre la marcha hasta el punto de hacer que el objetivo no fuera ya legítimo. Los funcionarios de la OTAN dijeron a Amnistía Internacional que después de haber bombardeado a un convoy de civiles en Djakovica se modificó el reglamento de combate para que fuera necesario tener confirmación visual de que no había civiles en la zona del objetivo. 

	En una entrevista concedida a la BBC para un documental de televisión, el general Michael Short habló de lo ocurrido en Djakovica el 14 de abril de 1999 y explicó cómo afectaba el requisito de la altitud a la capacidad de los pilotos para distinguir entre objetivos militares y civiles o bienes civiles. 

Vinieron y me dijeron: «tenemos que dejar que los aviones de reconocimiento bajen hasta los 1.500 metros. Tenemos que dejar que los bombarderos bajen hasta los 2.400 metros y en picado para que se aseguren de que verifican su objetivo y vuelvan luego a los 4.500 metros. Creemos que eso solucionará el problema. Reconocemos que aumenta mucho el riesgo, pero ninguno queremos alcanzar otra vez un tractor lleno de refugiados. No se puede soportar».

	Por desgracia, esta precaución adicional, así como los cambios realizados, según informes, después del ataque del 7 de mayo a Niš —cuando, de acuerdo con la información disponible, Estados Unidos dejó de utilizar bombas de racimo (bombas de dispersión)— y del ataque del 30 de mayo al puente de Varvarin (cuando la OTAN decidió no atacar objetivos tales como puentes si cabía la posibilidad de que hubiera muchos civiles en sus inmediaciones), no fueron suficientes para impedir que se produjeran nuevas muertes de civiles. Los cambios que la OTAN afirma haber realizado eran precauciones básicas que se deberían haber tomado al principio de la operación para garantizar que el reglamento de combate de la alianza no daba lugar a infracciones del derecho de los conflictos armados.

	A.P.V. Rogers, ex director de los servicios jurídicos del ejército británico, explica así cómo se puede encontrar un término medio entre los riesgos para los civiles y los riesgos para los atacantes:

Si el objetivo es lo suficientemente importante, los jefes superiores deben estar dispuestos a aceptar que la tripulación del avión corra mayor riesgo con objeto de asegurarse de que el objetivo es identificado debidamente y atacado con precisión. La guerra sin riesgo es inconcebible. Hay que correr riesgos, por ejemplo, para rescatar a pilotos derribados o al desplegar fuerzas en misiones de reconocimiento o de identificación de objetivos en territorios en poder del enemigo.

No obstante, si se determina que el objetivo no tiene tanto valor como para correr riesgos y se fija una altitud operativa mínima para proteger a la tripulación participante, ésta tendrá que determinar por sí misma el riesgo que entrañe verificar y atacar el objetivo asignado. Si decide a) que acercarse al objetivo lo suficiente como para identificarlo debidamente entraña para ella demasiado riesgo, b) que existe el peligro real de que se produzcan incidentalmente muertos y heridos entre la población civil y daños a bienes civiles por falta de verificación del objetivo y c) que ni ella ni otras fuerzas amigas corren un peligro inminente si no se realiza el ataque, no hay necesidad de que se arriesgue verificando el objetivo. Sencillamente, el ataque no se debe llevar a cabo. 

	Las fuerzas de la OTAN tienen también la obligación jurídica de avisar a los civiles de los ataques inminentes siempre que sea posible. De acuerdo con artículo 57.2.c del Protocolo I, «se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan». Sin embargo, los funcionarios de la OTAN reunidos con Amnistía Internacional en Bruselas dijeron que, por regla general, no daban nunca aviso por temor a poner en peligro, si lo hacían, a la tripulación de los aviones de combate. Considerando todas las demás medidas adoptadas para evitar bajas en la OTAN (incluidos los bombardeos desde gran altitud), cabe preguntarse si en la decisión de no dar aviso se tuvo lo suficientemente en cuenta a los civiles. Tampoco la consideración de la seguridad de los pilotos explica por qué no se avisó a los civiles cuando empezaron a utilizarse en los ataques misiles Cruise.

3.5	El uso de armas específicas 

	También fue causa de bajas civiles la decisión de utilizar ciertos tipos de armas. Por ejemplo, el uso de bombas de racimo cerca de concentraciones civiles, como ocurrió en Niš el 7 de mayo (véase infra), parece indicar que no se tomaron las debidas precauciones al elegir las armas. 

	Con respecto al asunto de la munición de racimo, el portavoz adjunto de la OTAN, Peter Daniel, dijo: 

Las bombas de racimo son munición válida y muy eficaz contra fuerzas de tierra. A veces, la munición de racimo no es eficaz, así que utilizamos otra [...] Tomamos todas las precauciones para evitar causar daños no deliberados si es que utilizamos munición de racimo. En realidad [...] siempre que podemos preferimos utilizar munición guiada de precisión. Así mantenemos nuestro objetivo de evitar causar daños colaterales en la medida de lo posible.

	Las bombas de racimo no están prohibidas por el derecho internacional, pero su uso entraña el riesgo de que no se respete la prohibición de los ataques indiscriminados. Además plantean un problema desde el punto de vista humanitario debido al elevado porcentaje de subcargas que no explotan (el cinco por ciento aproximadamente, según reconocieron a Amnistía Internacional los funcionarios de la OTAN), las cuales constituyen una amenaza permanente para cualquiera que las toque. Según información publicada en la prensa, solamente en Kosovo un año después del conflicto sigue habiendo esparcidas por el suelo millares de cargas sin explotar. Muchas de ellas están incrustadas en la tierra y son difíciles de detectar. Según informes, entre junio de 1999 y mediados de marzo del 2000 ha muerto en Kosovo a causa de cargas sin explotar y de minas terrestres 54 personas. 

	Otras municiones utilizadas por la OTAN que parecen constituir una amenaza a largo plazo para los civiles y el medio ambiente son los proyectiles de uranio reducido. Los funcionarios de la OTAN que se reunieron con Amnistía Internacional en Bruselas dijeron que la aviación de la alianza, en particular los aviones de combate Warthog A-10, dispararon 31.000 proyectiles de uranio reducido durante la operación. Algunos estudios indican que el polvo de uranio reducido que permanece en las inmediaciones de los blancos alcanzados entraña un gran peligro para la salud si se inhala o ingiere.

	Los proyectiles de uranio reducido no están prohibidos por el derecho internacional, y Amnistía Internacional no se opone a su uso per se. No obstante, en espera de que se realicen estudios concluyentes sobre sus efectos a largo plazo en la salud y el medio ambiente, a la organización le preocupan los posibles riesgos de naturaleza indiscriminada que este tipo de municiones puedan en realidad entrañar para la salud. El artículo 35.3 del Protocolo I prohíbe los «métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural». Asimismo, el artículo 35.2 prohíbe el uso de «armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios». Por último, según el artículo 36, «Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante».

3.6	Los servicios de información y el principio de distinción 

	La capacidad de distinguir con éxito entre objetivos militares y personas y bienes civiles es esencial para satisfacer los requisitos del derecho internacional humanitario. La exactitud de los datos proporcionados por los servicios de información es fundamental si se quiere causar el menor número posible de bajas civiles, especialmente en el caso de una operación aérea desarrollada a gran altitud y con armas de largo alcance.

	Desafortunadamente, la OTAN pareció centrarse en la fase de planificación, como si hubiera dado por supuesto que las circunstancias no cambiarían o que, si se producía algún cambio (como la aproximación de civiles al objetivo), no sería necesario tenerlo en cuenta. En algunos casos se cometieron errores incluso en la fase de planificación. Cuando los medios de ataque impiden que la fuerza atacante confirme si el objetivo previsto es realmente un objetivo militar, el hecho de depender de información incorrecta o desfasada puede tener consecuencias fatales. Más adelante se examinan con detenimiento dos ejemplos de tal dependencia que fueron causa de muertes de civiles: el bombardeo de albonokosovares en Koriša (Korishë) el 13 de mayo y el ataque a la embajada china en Belgrado el 8 de mayo. 

	Un fallo particularmente notable de los servicios de información de la OTAN fue el que se produjo el 21 de mayo, cuando la aviación de la alianza bombardeó un cuartel militar de Ko×are (Koshare), localidad del oeste de Kosovo, próxima a la frontera albanesa, y mató e hirió a combatientes del ELK (según éste, hubo siete muertos y 25 heridos) que habían arrebatado el cuartel al ejército yugoslavo unas semanas antes.

	En la conferencia de prensa de la OTAN del 22 de mayo, Jamie Shea manifestó lo siguiente con respecto a este suceso:

Estuvo en manos del ejército yugoslavo hasta hace muy poco, pero parece que después fue ocupado por el UÇK [ELK]. Eso es lo que tengo entendido, he visto informes, pero no puedo confirmar ningún número de bajas. Permítanme explicarles que si en un momento especialmente intenso en el que el UÇK fuera muy activo en esa parte, hubiéramos sabido que [el cuartel] había sido ocupado por éste, lo habríamos quitado de la lista de objetivos.

	Sin embargo, el ELK tenía muy poca presencia activa en la zona de Ko×are en ese momento, y había ocupado el cuartel varias semanas antes. Se había informado de este hecho en la prensa internacional, y varios reporteros y cámaras de televisión habían visitado el edificio escoltados por el ELK. Además, parece ser que la OTAN había sido informada ya de la situación. Un periodista que había estado hacía poco en Ko×are escribió:

Desde hacía más de un mes, desde la base de los rebeldes en Ko×are se proporcionaba periódicamente a la OTAN información sobre quién controlaba cada parte de esta montaña mediante un enlace de fax por satélite.

Asimismo, parece ser que funcionarios internacionales de un puesto cercano de observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) enviaron la misma información. La OTAN actuó de acuerdo con esa información, bombardeando las unidades serbias situadas a la entrada del enclave rebelde para ayudar al ELK a adentrarse en Kosovo. La OTAN no quiso comentar ayer cómo es posible que una parte de la organización tuviera esta información y no se la hubiera transmitido a la otra parte, lo cual, había dicho, iba a estar «más controlado» después del bombardeo de la embajada china [...] Visité Ko×are dos días antes y los representantes del ELK me dijeron que enviaban con frecuencia a la OTAN información específica sobre las unidades serbias a las que se enfrentaban». 

	Aunque el cuartel de Ko×are no era en absoluto un bien de carácter civil, el hecho de que la OTAN no lo quitara de su lista de objetivos una vez tomado por el ELK a pesar de conocerse públicamente su nueva situación arroja dudas sobre la capacidad de la alianza para determinar debidamente los objetivos militares, distinguir entre éstos y las personas y bienes civiles y tener en cuenta cualquier cambio que se produjera en la condición de los objetivos militares previstos.

	Al concluir la campaña de bombardeos, cuando las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia se retiraron de Kosovo y entraron en la provincia las de la OTAN, se plantearon en seguida dudas acerca de la exactitud de los datos recogidos por los servicios de información de la OTAN, incluso con respecto a los objetivos militares que según la alianza habían sido atacados con éxito. Algunos reporteros internacionales que visitaron Kosovo durante los bombardeos y después de ellos han indicado que la OTAN exageró considerablemente la magnitud de los daños que había infligido al ejército de la República Federativa de Yugoslavia. En Djakovica, por ejemplo, se encontraron muchos vehículos militares abandonados en una base del ejército, pero se vio que gran parte de ellos eran viejas máquinas inservibles. «Los aviones de la OTAN no habían destruido los vehículos de primera línea de combate de Yugoslavia, sino un depósito de chatarra», escribió el 28 de junio de 1999 Steven Lee Myers, del New York Times. 

	Los periodistas informaron también de que la OTAN había atacado en todo Kosovo gran cantidad de objetivos que eran simples imitaciones. Richard Norton-Taylor escribió el 30 de junio en el periódico londinense The Guardian que la OTAN no sólo no había alcanzado los 300 tanques que había asegurado destruir al principio, sino que ya ni siquiera desmentía al gobierno de la República Federativa de Yugoslavia, según la cual sólo habían sido destruidos 13 tanques. «Los soldados de la OTAN encontraron gran número de tanques de madera, así como puentes y carreteras falsos, hechos con plástico negro. A pesar de los reiterados ataques al aeródromo de Pristina, los MIG 21, ocultos en hangares subterráneos, no sufrieron daños».

	Tras la retirada de Kosovo de las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia, la OTAN manifestó que había destruido 110 tanques, 210 vehículos acorazados de combate y 449 piezas de artillería y morteros. Posteriormente ha declarado que destruyó 93 tanques serbios (de los que sólo 26 fueron localizados físicamente y documentados por el equipo de evaluación de impactos de la alianza), 153 vehículos acorazados de transporte de personal, 339 vehículos militares y 389 piezas de artillería y morteros. 

	Sin embargo, las crónicas de prensa indican que la cantidad de armamento y material militar destruido fue mucho menor incluso que la revelada por la OTAN después de reducir sus cifras. Robert Fisk, de The Independent, informó de que las autoridades de la OTAN estaban «asombradas por los millares de tanques yugoslavos, lanzamisiles, baterías de artillería, vehículos de transporte de personal y camiones que han sido retirados de la provincia sin apenas un rasguño».

	La revista estadounidense Newsweek informó en su número del 15 de mayo del 2000 de que las autoridades del Pentágono habían anulado un informe de daños de la fuerzas aéreas de Estados Unidos en el que se llegaba a la conclusión de que el número de objetivos serbios cuya destrucción estaba verificada era una mínima parte de los que la OTAN aseguraba haber alcanzado. Parece ser que los investigadores de las fuerzas aéreas estadounidenses, que, según informes, pasaron semanas en Kosovo, llegaron a la conclusión de que la aviación de la OTAN había destruido 14 tanques, 18 vehículos acorazados de transporte de personal y 20 piezas de artillería. 

	Lo que se ha sabido después de la operación aérea plantea, por tanto, dudas sobre la exactitud de los datos de los servicios de información de la OTAN y sobre hasta qué punto los bombardeos sirvieron realmente para alcanzar el objetivo declarado de reducir la capacidad militar de la República Federativa de Yugoslavia. Tal conocimiento refuerza las cuestiones que Amnistía Internacional había planteado ya a la alianza, en el contexto de las bajas civiles, acerca del modo en que seleccionaba y sometía a examen los objetivos. Porque ahora parece que, a pesar de su retórica, la OTAN no pudo determinar en algunos casos si estaba atacando o no objetivos militares auténticos y que algunas de sus propias evaluaciones de los daños causados en combate estaban equivocadas. En tal contexto, el riesgo de efectuar ataques indiscriminados contra civiles resulta aún mayor, y la necesidad de establecer salvaguardias más eficaces en futuras operaciones reviste aún más importancia.

3.7	La OTAN y los medios de comunicación: retórica y realidad 

	Durante la operación aérea, en las ruedas de prensa celebradas diariamente en su sede de Bruselas, la OTAN insistió en que hacía todo lo posible para no causar bajas civiles, en que se centraba sólo en objetivos militares legítimos y utilizaba armas de alta precisión para asegurarse de que daría en el blanco Aseguró que se anulaban numerosos ataques aéreos y que los aviones regresaban a sus bases por considerar los pilotos que los civiles corrían peligro. Sin embargo, a pesar de las salvaguardias establecidas según la OTAN para no causar bajas civiles, se siguió teniendo noticia de incidentes en los que resultaron muertos gran número de civiles.

	En algunos casos, la OTAN admitió haber cometido errores, pero afirmando siempre que no había atacado a civiles intencionadamente. Unas veces lo atribuyó a datos incorrectos de los servicios de información, y otras al mal tiempo y la escasa visibilidad, al empleo de armas defectuosas que habían errado el blanco, a errores cometidos por los pilotos al determinar si los vehículos atacados eran militares o civiles y al empleo de escudos humanos por las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia con objeto de que hubiera bajas civiles si se bombardeaban instalaciones. Al admitir sus «errores», la OTAN lo hizo casi siempre en el contexto de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Kosovo por las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia, que habían sido la causa de la operación de la alianza. 

	El portavoz de la OTAN, Jamie Shea, ha insistido en que la alianza tenía por norma ser lo más comunicativa posible con la prensa. «No pretendíamos eludir nuestras responsabilidades —dijo a Amnistía Internacional en Bruselas—. Reconocíamos en seguida nuestros errores». Sin embargo, en muchos casos hubo aspectos preocupantes sobre los que no se dieron respuestas claras. 

	La revista francesa le Nouvel Observateur informó de que un general de la OTAN de nombre no especificado explicó que ésta tenía por norma no revelar información importante. «Si teníamos que explicar errores lamentables, utilizábamos una táctica bastante eficaz —dijo, según la información publicada, ese general—. La mayoría de las veces conocíamos las causas y las consecuencias exactas de esos errores, pero para tranquilizar a la opinión pública decíamos que estábamos realizando una investigación, que había varias explicaciones posibles. No revelábamos la verdad hasta quince días después, cuando no le interesaba ya a nadie. A la opinión pública también hay que cuidarla».

	Asimismo, la OTAN procuraba exponer sus «errores» de manera que parecieran muy pocos comparados con la magnitud global de lo que presentaba como una campaña, por lo demás muy exitosa y acertada, de ataques dirigidos a reducir significativamente la capacidad militar de la República Federativa de Yugoslavia. En la rueda de prensa del Departamento de Defensa estadounidense del 2 de junio de 1999, el general de división Chuck Wald declaró: «De un total de 20.000 bombas que hemos lanzado, el 99,6 por ciento han dado en el blanco». Esta declaración fue criticada por analistas militares como Anthony Cordesman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, D.C., quien señaló que en las cifras del general Wald sólo se habían tenido en cuenta unos cuantos casos de «daños colaterales» muy delicados desde el punto de vista político, como el bombardeo de la embajada china en Belgrado. Desde entonces la OTAN se ha remitido a los 90 incidentes en que, según cálculos de Human Rights Watch, murieron civiles. Pero esta cifra también representa sólo una parte del número de ataques en que, aunque sin llegar a causar muertes de civiles, se cometieron errores. 

	Se ha informado de que sólo la tercera parte, aproximadamente, de las armas utilizadas en la operación aérea utilizaban munición de alta precisión teledirigida. Los funcionarios de la OTAN entrevistados por Amnistía Internacional en Bruselas dijeron que alrededor del 70 por ciento de las armas de precisión teledirigidas utilizadas por sus fuerzas alcanzaron el punto de impacto deseado. 

3.8	Investigación y reparación a las víctimas 

	Durante la Operación Fuerza Aliada, Amnistía Internacional escribió a la OTAN para pedirle que investigara algunos de los ataques expuestos en el presente informe. No recibió ninguna información a este respecto. En la reunión de febrero del 2000, al preguntar la organización si la OTAN había llevado a cabo investigaciones, los funcionarios de la alianza respondieron que sí se habían hecho algunas internas sobre varios ataques. Sin embargo, añadieron que no consideraban «útil» hacer públicos los resultados ni revelar información sobre las fuerzas implicadas. Especificaron que no se habían tomado medidas penales ni disciplinarias contra los participantes en los ataques investigados. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sancionó en abril del 2000 a varios agentes suyos que se encontraban entre los responsables de la localización equivocada de la embajada china en Belgrado, que fue causa de que se matara a civiles.

	La OTAN ha manifestado que no tiene acceso a Serbia y no puede, por tanto, realizar investigaciones sobre las bajas civiles causadas por los bombardeos. Sin embargo, esta circunstancia no ha impedido realizar otro tipo de exámenes de los efectos de los bombardeos, como el informe sobre Kosovo después de la operación del del Departamento de Defensa estadounidense. Ni tampoco explica por qué no parecen haberse realizado investigaciones como la llevada a cabo sobre el bombardeo de la embajada china en el caso de otros ataques menos comprometedores políticamente, pero que también causaron bajas civiles.

	Los miembros de la OTAN tienen la obligación de ofrecer una reparación por todas las violaciones del derecho de los conflictos armados que sus fuerzas hayan cometido, incluido el pago de indemnizaciones a las víctimas, como estipula el artículo 91 del Protocolo I. Como la OTAN no parece haberse esforzado realmente en investigar posibles violaciones del derecho de los conflictos armados, no se ha ofrecido tal reparación. En el caso de la embajada china, el gobierno estadounidense pagó una indemnización a las víctimas y a sus familias, así como al gobierno chino por los daños causados al edificio de la embajada, pero sin reconocimiento de responsabilidad jurídica. Hasta la fecha, es el único caso en que se ha pagado algún tipo de indemnización.

4.	Conclusiones y recomendaciones

	Amnistía Internacional cree que en el curso de la Operación Fuerza Aliada se podría haber reducido considerablemente el número de muertes de civiles si las fuerzas de la OTAN hubieran respetado estrictamente las disposiciones del derecho de los conflictos armados. 
 
	La OTAN no cumplió siempre sus obligaciones jurídicas al seleccionar los objetivos y elegir los medios y métodos de ataque. En el caso, en particular, del bombardeo a la radiotelevisión estatal serbia, la alianza lanzó un ataque directo contra un bien de carácter civil, matando a 16 civiles. Tal ataque constituye una infracción del artículo 52.1 del Protocolo I y es, por tanto, un crimen de guerra. En otros casos, como los bombardeos del puente ferroviario de Grdelica, el puente para automóviles de Luñane y el puente de Varvarin, las fuerzas de la alianza no suspendieron el ataque a pesar de haberse hecho patente que habían alcanzado a civiles, lo que constituye una infracción del artículo 57.2.b del Protocolo I. Asimismo, en ataques como los que afectaron a civiles desplazados en Djakovica y Koriša, no se tomaron precauciones suficientes para causar el menor número posible de bajas civiles.
	Aunque tanto la OTAN como sus Estados miembros han declarado su compromiso con las normas del derecho internacional humanitario, Francia, Turquía y Estados Unidos no son todavía Partes en el Protocolo I, y la OTAN no cuenta con ningún mecanismo para garantizar una interpretación común de tales normas que las refleje estrictamente. La estructura de mando de la OTAN también parece contribuir a la confusión existente con respecto a la responsabilidad jurídica.

	Los procesos de decisión utilizados en la selección y asignación de objetivos indican que la existencia de desacuerdos sobre la legitimidad de ciertos ataques no fueron óbice para que se efectuaran. Asimismo, algunos aspectos del reglamento de combate de la OTAN, en concreto el requisito de que sus aviones volaran a más de 4.500 metros de altitud, hacían casi imposible la observancia estricta del derecho internacional humanitario. Según algunos funcionarios de la OTAN, se realizaron cambios en el reglamento de combate, incluido el de anular la regla de los 4.500 metros, tras el ataque realizado el 14 de abril de 1999 cerca de Djakovica y el bombardeo del puente de Varvarin del 30 de mayo. Tales cambios fueron un reconocimiento de que las precauciones existentes no ofrecían protección suficiente a los civiles. No obstante, al final de mayo eran centenares los civiles muertos a causa de las incursiones aéreas de la OTAN. Ésta tenía la obligación jurídica de aplicar precauciones fundamentales desde el principio de la operación, en vez de dar más importancia a la seguridad de sus aviones y pilotos que a la protección de los civiles, incluidos aquéllos en bien de los cuales afirmaba haber intervenido.

	El empleo de ciertas armas, en particular de bombas de racimo, pudo haber contribuido a que se cometieran homicidios ilegítimos. Asimismo, la preeminencia que la OTAN pareció dar a los datos de los servicios de información en la fase de planificación, en vez de durante la realización misma de los ataques, y los graves errores cometidos al reunir esos datos también parecen haber sido causa de homicidios ilegítimos.

	La naturaleza confidencial de las investigaciones que se hayan podido realizar y el hecho de que no se tenga noticias de la adopción de medidas contra miembros del personal de la OTAN hacen dudar de que ésta cumpla con su obligación de analizar en profundidad determinados incidentes de conformidad con el derecho internacional. Sólo en el caso del bombardeo de la embajada china en Belgrado se han revelado los resultados de las investigaciones llevadas a cabo, se ha pagado una indemnización y se han tomado medidas disciplinarias contra los responsables, y da la impresión de que todo esto se ha hecho fundamentalmente por razones políticas.

	Hacer la guerra en coalición es una empresa compleja, y las decisiones que han de tomar los planificadores militares y los soldados que entran en combate son particularmente difíciles. La OTAN debe aprovechar la experiencia de la Operación Fuerza Aliada, pero no para ver simplemente qué nuevas armas necesitan sus arsenales, sino para ofrecer orientación sobre el modo de potenciar al máximo la protección de los civiles, como dispone el derecho internacional humanitario. Lo menos que puede hacer a este respecto la alianza militar más poderosa del mundo es establecer las más estrictas normas de protección. Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones: 

Ratificación e interpretación de las normas del derecho internacional humanitario
 
1.	La OTAN debe comprometerse públicamente a acatar las más estrictas normas del derecho internacional humanitario, incluido el primer Protocolo adicional (Protocolo I) a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, adoptado en 1977, y a garantizar una interpretación común de tales normas entre sus Estados miembros que proporcione a los civiles la máxima protección posible contra los efectos de los conflictos. 

2.	La OTAN y sus Estados miembros deben instituir o mantener programas eficaces de formación de sus fuerzas armadas en la observancia práctica de las más estrictas normas del derecho internacional humanitario, en particular de las obligaciones establecidas en el Protocolo I.

3.	Francia, Turquía y Estados Unidos deben ratificar sin reservas todos los tratados pertinentes del derecho internacional humanitario, en particular el Protocolo I. Los Estados miembros de la OTAN que son ya Partes en tales tratados deben retirar todas las reservas que hayan formulado. 

Estructura del mando	

4.	La OTAN debe aclarar su cadena de mando de manera que se sepa claramente, dentro y fuera de la organización, cuál es la responsabilidad de cada Estado y de cada individuo participante en las operaciones militares realizadas bajo sus auspicios. 

Reglamento de combate

5.	El reglamento de combate de la OTAN debe garantizar el pleno cumplimiento de las más estrictas normas del derecho internacional humanitario, en particular de las obligaciones establecidas en el Protocolo I. El reglamento debe ser el mismo para todos los Estados miembros y debe hacerse público en la medida de lo posible. 

Empleo de armas de racimo y de uranio reducido

6.	La OTAN y sus Estados miembros deben garantizar que no se emplean armas de racimo en las proximidades de concentraciones civiles. Por razones humanitarias, los Estados miembros de la OTAN participantes en la Fuerza Internacional del Seguridad en Kosovo (KFOR) deben ayudar con carácter urgente en las labores de retirada de subcargas sin explotar de bombas de racimo utilizadas en la Operación Fuerza Aliada. 

7.	La OTAN y sus Estados miembros deben también investigar los riesgos a largo plazo que pueda entrañar para la salud y el medio ambiente el empleo de armas de uranio reducido y colaborar plenamente en las investigaciones independientes que se hagan a este respecto. Asimismo, deben considerar la posibilidad de suspender el uso de tales armas hasta que se conozcan los resultados de esas investigaciones.

Investigación y procesamiento por violaciones del derecho internacional humanitario

8.	La OTAN debe instituir un organismo para investigar las denuncias creíbles de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el curso de la Operación Fuerza Aliada —incluidas las expuestas en el presente informe— o en futuras operaciones militares. Al ocuparse de esta tarea, la OTAN debe considerar la posibilidad de solicitar los servicios de la comisión internacional de investigación establecida en virtud del artículo 90 del Protocolo I y prestarle toda la ayuda necesaria. La metodología y los resultados de esta investigación se deben hacer públicos y utilizarse para iniciar los procesamientos que se consideren necesarios.

9.	Los Estados miembros de la OTAN deben enjuiciar a todo ciudadano suyo sospechoso de violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular de infracciones graves del Protocolo I, de acuerdo con las normas internacionales sobre imparcialidad procesal y sin que quepa la posibilidad de imponer la pena de muerte. Los Estados miembros cuyo derecho interno no garantice desde el punto de vista penal la aplicación plena del derecho internacional humanitario deben promulgar sin demora la legislación necesaria. 

10.	Los demás Estados deben cumplir su obligación de realizar investigaciones criminales sobre todo presunto autor de infracciones graves del derecho humanitario internacional durante la Operación Fuerza Aliada. Si hay suficientes pruebas admisibles y el presunto infractor está dentro de su jurisdicción, tales Estados deben procesarlo o extraditarlo a otro Estado que quiera y pueda someterlo a un juicio justo y sin la posibilidad de que le sea impuesta la pena de muerte. 

11.	El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia debe investigar todas las denuncias creíbles de violaciones graves del derecho humanitario cometidas durante la Operación Fuerza Aliada a fin de enjuiciar a toda persona contra la que existen suficientes pruebas admisibles. Los Estados deben entregar a todo presunto autor de tales violaciones reclamado por el Tribunal para su enjuiciamiento.

Reparación a las víctimas

12.	La OTAN deber garantizar que las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario reciben la debida reparación, incluida una indemnización, por medio de un mecanismo creado al efecto. Asimismo, los Estados miembros de la OTAN deben garantizar que su derecho interno permite a las víctimas presentar demandas para pedir tal reparación. 

5.	Casos

	Se desconoce el número exacto de civiles que murieron a causa de los ataques aéreos de la OTAN. Los cálculos yugoslavos son contradictorios. Según algunas cifras aproximadas oficiales que se han hecho públicas, las muertes de civiles ascienden a «millares». La publicación NATO Crimes in Yugoslavia (The White Book), libro blanco del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federativa de Yugoslavia, presenta la relación más detallada de los daños causados por los bombardeos de la OTAN. Se enumeran en ella a alrededor de 400 civiles muertos en más de 40 incidentes en que los que hubo víctimas mortales civiles, si bien el texto indica claramente que no se trata de una lista completa de los civiles muertos en los bombardeos de la OTAN. Reuters informó el 23 de marzo del 2000 de que una nueva estimación del gobierno de la República Federativa de Yugoslavia situaba en 1.002 el número de soldados y agentes de policía muertos o en paradero desconocido. No se explicaba claramente si esta cifra correspondía sólo a afectados por los ataques aéreos. Según Human Rights Watch, entre 489 y 528 civiles yugoslavos resultaron muertos en 90 incidentes.

	La OTAN no ha hecho pública ninguna estimación de las bajas civiles. Los funcionarios de la alianza dijeron a Amnistía Internacional en Bruselas que no podían hacer ninguna porque no tenían acceso a la República Federativa de Yugoslavia. No obstante, tampoco han revelado las que hayan podido hacer de las bajas civiles causadas por los ataques de la OTAN en Kosovo. Calificaron de razonable la cifra de 90 incidentes en los que, según Human Rights Watch, se produjeron muertes de civiles, y no discutieron el cálculo aproximado de 500 civiles muertos.

	En una declaración que hizo en julio de 1999 ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el subsecretario de Defensa, John Hamre, hizo referencia a 30 incidentes en los que se habían producido «daños colaterales» mortales, pero no ofreció ningún cálculo aproximado del numero de civiles muertos. En septiembre de 1999, el general Joseph W. Ralston, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos dijo; «En Kosovo, sólo un bando sufrió. A pesar de las numerosas bombas caídas, hubo sorprendentemente pocas bajas civiles serbias; se calcula que menos de 1.500. Y lo que es aún más importante, esto se logró con casi total impunidad. Sólo se perdieron dos aviones de la OTAN, y en ambos casos se rescató rápidamente a los pilotos ». No hizo ninguna aclaración sobre el modo en que se había calculado ese número de civiles muertos.

	Quedan numerosas cuestiones sin responder en relación con las circunstancias exactas de muchos de los ataques de la OTAN. El hecho de que ésta no proporcione más información sobre su reglamento de combate y no revele otros detalles decisivos de sus operaciones impide también determinar debidamente el cumplimiento del derecho internacional en casos específicos. Por ejemplo, la OTAN no ha publicado una lista completa de los ataques efectuados por sus fuerzas. Ni tampoco ha revelado, en relación con ataques específicos, información como el tipo de aviones y de armas y municiones utilizadas, los datos proporcionados por los servicios de información o la nacionalidad de los aviones de combate y de apoyo.

	No obstante, hay casos sobre los que se dispone de información suficiente como para llegar a la conclusión de que se cometieron infracciones. En otros queda la incógnita de si la OTAN cumplió las obligaciones que le impone el derecho internacional humanitario. 

	Los casos resumidos a continuación, por orden cronológico, no constituyen una lista exhaustiva de los ataques que pudieron ser ilegítimos o en los que se produjeron muertes de civiles. En muchas ocasiones en que fuentes serbias declararon que habían sido alcanzados objetivos civiles, la OTAN lo desmintió sin más o dijo que el objetivo en cuestión no se utilizaba sólo con fines civiles. Por ejemplo, en abril de 1999, unos reporteros pidieron a la OTAN que confirmara si sus fuerzas habían alcanzado varias fábricas propiedad de familiares del presidente Slobodan Miloševiƒ. La alianza negó haber seleccionado ningún objetivo por tal motivo y dijo que no tenía noticia de que hubiera sido atacado un lugar así, o que el objetivo en cuestión era, por ejemplo, una fábrica de cigarrillos donde lo que en realidad se producía era «algo relacionado con municiones». A falta de más datos, Amnistía Internacional no puede determinar, en tales casos, si el lugar constituía o no un objetivo militar legítimo.
	Los casos expuestos seguidamente se han elegido porque hay indicios de que se produjeron víctimas civiles como consecuencia de ataques directos o indiscriminados, lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario. Estos ataques no constituyen una lista exhaustiva de incidentes problemáticos, pero Amnistía Internacional cree que ilustran una amplía variedad de preocupaciones sobre el modo en que la OTAN llevó a cabo los bombardeos. 

5.1	El ataque del 12 de abril de 1999 al puente ferroviario de Grdelica, en el que fue alcanzado un tren de pasajeros 

	El 12 de abril de 1999, un tren de pasajeros que pasaba por un puente en Grdelica, localidad del sur de serbia, fue alcanzado por dos bombas. El ataque tuvo lugar hacia mediodía. Según informes, murieron al menos 12 civiles. La OTAN admitió que un avión suyo había bombardeado el puente y alcanzado el tren, pero explicó que el objetivo era el primero y que el tren había sido alcanzado por accidente. En una conferencia de prensa del 13 de abril, el general Clark, comandante supremo aliado en Europa, explicó que la misión del piloto consistía en destruir el puente ferroviario y que había lanzado la bomba desde varios kilómetros de distancia sin saber que el tren se dirigía hacia el puente. En concreto dijo:

De repente, en el último momento y a menos de un segundo de allí, tuvo un vislumbre de movimiento en la pantalla. Era el tren entrando. Por desgracia, no podía soltar la bomba en ese momento, estaba bloqueada. Iba a caer sobre el blanco. Fue un desgracia que él, la tripulación y todos nosotros lamentamos mucho. 

	Para explicar por qué el piloto había regresado para dejar caer sobre el puente otra bomba que alcanzó de nuevo el tren, a pesar de haberse percatado de que en el primer ataque había hecho impacto en el tren en vez de en el puente, el general Clark contó lo siguiente: 

La misión consistía en eliminar el puente [...] Pensó que tenía todavía que cumplirla. Puso el punto de mira en el extremo opuesto al lado por donde el tren había venido. Cuando la bomba estaba cayendo, el puente estaba cubierto de humo y de nubes, y en el último minuto se produjo de nuevo un increíble accidente, pues el tren se había deslizado hacia adelante desde el lugar del primer impacto y parte de él había llegado al otro lado del puente, por lo que al bombardear el otro extremo [el piloto] causó en realidad más daños al tren.

	En la conferencia del 13 de abril se mostró un vídeo de ambos ataques tomado desde la cabina de mando del avión. Meses después, el periódico alemán Frankfurter Rundschau informó de que ese vídeo se había reproducido a una velocidad tres veces superior a la normal, por lo que daba la impresión de que el tren civil avanzaba muy deprisa hacia el puente. Según la información publicada en el prensa, las fuerzas aéreas estadounidenses atribuyeron la aceleración de la película a un fallo técnico que descubrieron meses después de hacer mostrado el vídeo, pero no les pareció que resultara de utilidad revelar públicamente esta información. Jamie Shea dijo a Amnistía Internacional en Bruselas que, debido al número de vídeos que los analistas tenían que examinar cada día durante la operación, las cintas de vídeo se pasaban más deprisa para que diera tiempo a verlas todas. Manifestó que la culpa la tenía la oficina de prensa por haber mostrado públicamene el vídeo en cuestión  sin reducir la velocidad de reproducción.

	La explicación que la OTAN ofreció del ataque, en particular lo que contó el general Clark sobre los motivos del piloto para continuar bombardeando después de haber alcanzado al tren, indica que el piloto tenía entendido que la misión consistía en destruir el puente sin tener en cuenta el coste en términos de bajas civiles. En tal caso, no se respetaron los principios de distinción y proporcionalidad.

	Asimismo, no parece que la OTAN tomara medidas de precaución suficientes para asegurarse de que no habría tráfico civil alguno en las proximidades del puente antes de lanzar el primer ataque. El avión que lanzó las bombas -o algún otro- debería haber sobrevolado la zona para comprobar que no se estaba acercando al puente ningún tren. Si lo hubiera hecho, habría podido esperar a que el tren hubiese cruzado el puente para lanzar el ataque.

	No obstante, incluso si por alguna razón el piloto no hubiera podido comprobar que ningún tren se dirigía hacia el puente en el momento del primer ataque, sabía perfectamente que el tren estaba allí cuando dejó caer la segunda bomba, independientemente de que el humo no le dejara ver dónde se encontraba exactamente. La decisión de lanzar el segundo ataque parece constituir una infracción del artículo 57 del Protocolo I, según el cual «un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar [...] o que es de prever que el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil [...] que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista». Salvo que la OTAN pueda justificar (y no lo ha hecho) su opinión de que destruir el puente en ese momento en particular tenía tanta importancia militar como para no tomar en consideración las bajas civiles que pudieran producirse al continuar el ataque, es evidente que éste tenía que haberse suspendido.

	También se plantearon cuestiones acerca de este ataque en el New York Times del 14 de abril, en el que se informó de que, aunque la OTAN no había querido decir qué tipo de arma o de avión se había utilizado, otras autoridades habían dicho en Washington que el aparato había sido un F-15E estadounidense y que había lanzado una bomba AGM-130. Al referirse a los participantes en el ataque, el general Clark sólo había mencionado al piloto del avión, pero la tripulación del F-15E está formada por dos personas, el piloto y un oficial que se ocupa de las bombas. Según la información del New York Times, la AGM-130 se orienta al principio por satélite, pero cuando se aproxima al objetivo, el piloto o el otro tripulante pueden dirigirla por medio de una imagen de vídeo. Un reportedo citó en su crónica del ataque a testigos según los cuales el avión atacante era un caza Harrier que se cernió sobre el puente sin perderlo de vista antes de disparar el segundo misil. Otros testigos informaron de que se habían lanzado dos bombas más sobre un puente para automóviles adyacente. La OTAN no ha mencionado jamás que en este ataque se bombardeara también el otro puente.

	El 15 de abril de 1999, Amnistía Internacional pidió a la OTAN que realizara una investigación sobre este ataque. Los funcionarios de la alianza que se entrevistaron con los delegados de la organización en Bruselas dijeron que no tenían conocimiento de que el piloto hubiera lanzado una segunda bomba. El subsecretario general para Planificación de Defensa y Operaciones, Edgar Buckley, manifestó que, si el general Clark había dicho que el piloto había disparado una segunda vez contra el puente, entonces se había hecho una investigación interna y se había absuelto al piloto.

5.2	Los ataques del 14 de abril de 1999 a un convoy de civiles de etnia albanesa cerca de Djakovica 
	Según informes, más de 70 civiles de etnia albanesa murieron y hasta un centenar resultaron heridos al disparar aviones de la OTAN contra el convoy en el que viajaban en las proximidades de Djakovica (Gjakovë), Kosovo, el 14 de abril. Las circunstancias del ataque siguen sin estar del todo claras. Al parecer, los aviones arrojaron bombas sobre desplazados internos en cuatro lugares distintos de las inmediaciones de Djakovica durante un periodo de dos horas. La OTAN tardó cinco días en ofrecer una versión definitiva de lo ocurrido, y el modo en que se trataron las peticiones de información pública hizo necesario modificar la operación de prensa en la sede de la OTAN con el apoyo de especialistas en medios de comunicación procedentes en su mayor parte del Reino Unido. Sin embargo, la versión definitiva de lo ocurrido que se ofreció sigue planteando serias dudas con respecto al cumplimiento de las normas del derecho de los conflictos armados.

	Al principio, las autoridades de la alianza culparon de lo ocurrido a las fuerzas serbias. Horas después del ataque, el portavoz del Pentágono, Kenneth Bacon, se remitió a unos informes según los cuales se habían utilizado aviones yugoslavos para atacar convoyes de desplazados internos de etnia albanesa en Kosovo.

	Luego, en la conferencia de prensa celebrada en Bruselas al día siguiente, 15 de abril, un comandante de la OTAN, el general Marani, admitió que las fuerzas de la alianza eran las responsables del ataque al convoy y lamentó la pérdida de vidas, pero ofreció información contradictoria. Se indicó al mismo tiempo que habían participado en el ataque uno o dos aviones. En la conferencia de prensa, la OTAN puso una grabación en la que un piloto no identificado contaba que había arrojado una bomba sobre algo que le pareció un vehículo militar. El general Marani presentó la grabación diciendo que era una «cinta que ofrece una descripción de lo que puede haber sido este incidente». Hubo también confusión acerca del lugar exacto del ataque e incluso sobre si se había  efectuado más de un ataque en distintos lugares de las inmediaciones de Djakovica.

	En la conferencia de prensa de la OTAN del día siguiente, 16 de abril, Jamie Shea afirmó que había habido sólo un incidente, en el que podían haber muerto civiles, y que había tenido lugar al norte de Djakovica. Indicó a los periodistas que pidieran explicaciones a Belgrado sobre otros incidentes que se habían producido el 14 de abril cerca de Djakovica, en lugares que habían sido visitados por periodistas internacionales al día siguiente de los ataques.

	Los periodistas internacionales encontraron restos materiales que, junto con testimonios de testigos presenciales, daban una idea de la naturaleza de los ataques distinta de la ofrecida por la OTAN. Por ejemplo, no parecía haberse efectuado un solo ataque en un único lugar, sino varios ataques en hasta cuatro sitios distintos durante el día. Se informó de que los testigos presenciales habían visto varios aviones que descendieron para bombardear, trazaron un círculo y volvieron otra vez a bombardear bajando en picado. Los periodistas creían también que algunos de los restos materiales encontrados en la zona indicaban que se habían utilizado bombas de racimo.

	Las víctimas eran personas de etnia albanesa, muchas de las cuales habían sido expulsadas de sus hogares por las fuerzas serbias y pretendían huir de Kosovo. Los ataques destruyeron tractores y carros; la información ofrecida indicaba que no había entre ellos indicios de vehículos militares. La mayoría de los supervivientes entrevistados dijeron que no los escoltaban fuerzas serbias. No obstante, la OTAN sugirió que los periodistas no visitaron el lugar hasta un día o dos después de los ataques y que era posible que en ese tiempo se hubieran hecho desaparecer tales indicios.

	El 17 de abril el general Marani no quiso responder en la sede de la OTAN a preguntas como cuántos ataques habían efectuado los aviones de la OTAN en la zona en cuestión o cuántas bombas habían arrojado hasta que concluyera la investigación iniciada por la alianza sobre este asunto. Tampoco estaba claro hasta qué punto lo contado en la grabación del piloto se refería al ataque o ataques en cuestión. Tras manifestar un portavoz del Pentágono que la grabación correspondía en realidad a un ataque contra un vehículo militar y no guardaba ninguna relación con este caso, el general Marani explicó el 18 de abril que se había puesto la cinta simplemente para ofrecer un ejemplo de los procedimientos que sigue un piloto al lanzar ataques de este tipo. En concreto dijo:

Se puso la cinta del piloto porque se pretendía explicar qué procedimiento sigue un piloto participante en una acción de este tipo, de qué tiene que ocuparse y qué es lo que dice; y como esa cinta lo explicaba claramente y se podía utilizar, se puso para enseñarles cómo es ese tipo de ataques. 

	La OTAN expuso finalmente a la prensa los resultados de su investigación el 19 de abril. El general de brigada Daniel P. Leaf dijo que había habido dos zonas objetivo distintas que fueron atacadas. La primera estaba al noroeste de Djakovica, donde «la aviación de la OTAN atacó la [...] zona objetivo con dos bombas y pudo haber alcanzado a un vehículo de tipo civil [...] relacionado con el incendio de casas». La segunda estaba en la carretera principal al sureste de Djakovica, hacia Prizren, donde «atacaron a los elementos que iban en cabeza del convoy». A los atacantes les había parecido que los vehículos eran militares, pero la OTAN dijo que era posible que hubiera bajas civiles en los dos sitios

	El general de brigada manifestó que habían participado varios aviones, ninguno de los cuales voló a poca altitud durante los ataques, y que disparó contra ellos artillería antiaérea serbia con un alcance de 3.900 metros. Asimismo, dijo que sólo se habían utilizado bombas láser teledirigidas GBU-12.

El ataque lanzado al noroeste de Djakovica  

	Para mayor confusión, dados los comentarios hechos los días anteriores sobre la grabación que escuchó la prensa el 14 de abril, el general Leaf dijo que el ataque del noroeste de Djakovica lo había llevado a cabo el piloto de la grabación, quien había arrojado una bomba de alta precisión dirigida por láser GBU-12 de 180 kilos. «Desde la altura a la que [el piloto] se encontraba, [el vehículo al que vio quemar casas] parecía de estilo militar y era como los que viajaban con él formando un pequeño convoy», dijo el general de brigada, mostrando a continuación unos vídeos del resultado del ataque tomados por un vehículo aéreo no tripulado antes de que el segundo piloto arrojase su bomba. Se veía el vehículo alcanzado y varios más, así como un edificio en forma de C. 

	Luego había llegado el segundo piloto y había hecho un reconocimiento de la zona objetivo durante más de diez minutos. Había visto «lo que parecían ser grandes vehículos en el patio del edificio en forma de C y determinó que probablemente eran vehículos militares». Había lanzado sobre ellos una sola bomba, del mismo tipo que la utilizada en el primer ataque. El general Leaf señaló una gran explosión secundaria visible perfectamente en el vídeo y que revelaba la presencia en el edificio de una substancia inflamable como la gasolina. Manifestó que se habían recibido informes según los cuales los serbios ocultaban gasolina en sus casas y la utilizaban para reabastecer de combustible sus vehículos y quemar bienes de habitantes de Kosovo. Luego puso un vídeo de la televisión que mostraba los camiones destruidos y «lo que parecían ser vehículos tipo tractor» en las inmediaciones del edificio en forma de C. Este ataque terminó, dijo, al cabo de unos cuarenta y cinco minutos. A su juicio, se había lanzado contra «un objetivo militar válido [...] un vehículo implicado directamente en el incendio de casas». 

	En el libro blanco del Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo se afirma que después del primer proyectil los supervivientes de la columna abandonaron los vehículos y corrieron hacia una casa cercana en la que buscaron refugio. Los pilotos de la OTAN atacaron entonces esta casa y los edificios adyacentes, así como la maquinaria agrícola y los vehículos que habían en el patio. Aquí murieron más civiles, y los demás huyeron al bosque.

	Esta explicación coincide con los testimonios que Amnistía Internacional escuchó a los supervivientes del bombardeo de las inmediaciones de Meja que consiguieron llegar a Albania. Estas personas contaron que en la columna bombardeada había habitantes de los pueblos de alrededor de Dobroš (Dobrosh) a quienes la policía serbia había obligado a abandonar sus hogares el día anterior, así como otros desplazados que habían huido de sus hogares anteriormente y se habían unido a la columna por seguridad. Al menos un testigo dijo que la columna tenía entre 200 y 300 metros de largo, pero que formaba parte de un convoy de automóviles y tractores mucho más largo. 

	Aunque los relatos de los supervivientes tienen detalles contradictorios, en ninguno se dice que hubiera vehículos militares o efectivos policiales acompañando la columna. En la mayoría se cuenta que, al llegar a Meja, una bomba alcanzó al primer tractor de la columna y a su remolque, destrozándolo y matando a varias personas. La mayoría de los testigos dijeron haber visto u oído un avión que volaba a gran altura en el momento del ataque.

	Todos coincidían en que había presencia policial en Meja y que a los pocos minutos de la primera explosión llegó un pequeño grupo de agentes de policía uniformados. Estos agentes dijeron a la gente que la OTAN estaba atacando y que había que buscar refugio en una casa cercana.

	No obstante, una testigo dijo que había llevado a sus hijos a la casa antes de la llegada de la policía. Los agentes se marcharon, dejando dentro de la casa o en el patio a las personas que habían buscado refugio allí, que según los testigos eran entre 100 y 300. En el patio había alrededor de siete tractores, pero nadie dijo haber visto vehículos militares por la zona. Dos de los testigos afirmaron que la policía había ocupado posiciones en la casa, pero los demás no dijeron nada de esto.

	Tras un lapso de entre diez y treinta minutos se produjo un segundo ataque, descrito por un testigo como un «fuerte bombardeo» durante el cual cayeron más bombas en la casa y sus inmediaciones. El cálculo del número de muertos varía mucho; la mayoría de los supervivientes dijeron que habían visto 5, 8 o 10 cadáveres en ese momento, pero que creían que había más. Mucha gente huyó a los montes situados detrás de la casa y buscó refugio allí para volver a la carretera al cabo de una o dos horas. Mientras tanto llegaron más agentes de policía y recogieron a los muertos y a los heridos para llevarlos, según creían los testigos, a un hospital de Djakovica.

El ataque lanzado al sureste de Djakovica  

	Según el general Leaf, en el segundo lugar otro piloto examinaba mientras tanto un gran convoy de más de un centenar de vehículos para determinar si era militar o no. Decidió que sí, porque los 20 primeros vehículos eran «de la misma forma y color vistos desde el aire. Mantenían una distancia y una marcha fijas, características del movimiento militar». La identificación del objetivo se consultó con el Control de Mando Aerotransportado y Comunicaciones y debido al riesgo de que hubiera desplazados internos en el convoy, se tomaron «medias adicionales para validar» el objetivo por medios que el general Leaf no reveló. La aviación de la OTAN arrojó, por tanto, una serie de bombas sobre los objetivos alrededor de media hora después de haber concluido el ataque lanzado sobre el otro lugar.

	Después de haberse arrojado varias bombas, el Control de Mando Aerotransportado y Comunicaciones pidió que se verificara de nuevo el objetivo, porque el centro de operaciones aéreas combinadas de Italia había señalado que las fuerzas serbias no solían viajar en convoyes tan grandes. Al cabo de unos cuarenta minutos se suspendieron los ataques mientras un avión cuya tripulación podía ver el lugar con binoculares realizaba la verificación. Se determinó que había «definitivamente vehículos militares allí» pero que entre ellos avanzaban también vehículos multicolores y posiblemente civiles. El ataque acabó, por tanto, alrededor de una hora después de haber comenzado.

	Para concluir, el general Leaf manifestó:

No puedo explicar la presencia de los cadáveres mostrados en la televisión serbia [...] no teníamos observadores terrestres ni en el lugar [...] no es como en un ambiente de paz en el que tenemos pleno acceso al lugar del accidente, así que solo podemos especular sobre su relación con nuestros ataques. Pudo haber bajas imprevistas; no obstante, la naturaleza del exhaustivo proceso por el que identificamos definitivamente los objetivos y determinamos su relación con actos militares o represivos sigue siendo un factor clave que hizo que nuestros pilotos llegaran a la conclusión de que los objetivos estaban participando realmente en actividades militares o paramilitares serbias.
	Sin embargo, reconoció que en este segundo incidente la OTAN «pudo haber causado daños a un vehículo civil y matado a civiles», si bien añadió que «los informes serbios hablaban de más de 80 muertos, pero los periodistas sólo vieron 20 víctimas aproximadamente, muchas de las cuales no parecían ser víctimas de bombardeos». 

	El general Leaf manifestó que había indicios de que los serbios habían atacado también a esa columna. Para demostrarlo citó «numerosos informes de la zona del gran convoy [del sudeste] de Djakovica [que] mostraban [que] los refugiados habían muerto a causa de heridas de ametralladora y mortero». Dijo también que «las entrevistas realizadas a los refugiados por [...] la OSCE revelaron [que] las fuerzas serbias habían atacado a un convoy de refugiados en las proximidades de Djakovica. Los refugiados hablaron de ataques con aparatos de tipo MIG que volaban a baja altura y utilizaban munición de racimo y granadas arrojadas desde helicópteros». Pero explicó que, en este ataque, la aviación de la OTAN no había volado a baja altura, ni utilizado proyectiles de racimo ni empleado ningún helicóptero. 

	Asimismo, el general Leaf hizo referencia a testigos de la región que habían «comunicado que vieron una columna de refugiados ser atacada por morteros serbios» en el mismo momento en que el segundo lugar estaba siendo atacado por la OTAN. Algunos supervivientes entrevistados meses después insistieron en que el ataque había sido efectuado por los serbios porque no podían creer que la OTAN hubiese atacado su convoy. Human Rights Watch afirma que no se han presentado datos que permitieran atribuir a los serbios algunas de las muertes. 

	El general Leaf mencionó también a testigos que creían que los serbios habían utilizado el convoy a modo de escudo humano, colocando vehículos policiales y militares a la cabeza. Aludiendo a la «visita de los medios de comunicación a la zona del sudeste de Djakovica que patrocinó el gobierno», realizada veinticuatro horas después, manifestó que esta demora había sido suficiente para que las fuerzas serbias se llevaran de allí todos los vehículos y el personal militar.

	El libro blanco del Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo menciona ataques, lanzados en la carretera al sur de Djakovica, en Terzijski Most, cerca del pueblo de Bistrañin (Bistrazhin), y en Gradiš (Gradishë) y otros lugares, y da el nombre y otros datos de los muertos y heridos. En un artículo escrito por un periodista británico tras una visita de seguimiento que realizó a la zona meses después, se hace referencia a los ataques de Bistrañin y Gradiš. En la descripción que hizo de ellos el gobierno yugoslavo se dice simplemente que las armas utilizadas eran misiles lanzados desde aviones de la OTAN. Las notas de la inspección de los diversos lugares y las heridas de los cadáveres (de metralla y explosivos) no ofrecen una indicación clara con respecto a si se creía que se habían utilizado bombas de racimo. 

	Algunos informes también indican que pudo haber realmente vehículos militares entremezclados con el convoy, y en otros se llega a sugerir que éste se estaba utilizando deliberadamente como escudo humano. El siguiente informe de la OSCE no es concluyente a este respecto:

Es posible que a veces los entrevistados fueran utilizados como escudos humanos sin que a ellos les pareciera serlo. Las autoridades yugoslavas enviaban a menudo material y personal militar en convoyes de desplazados internos, quizá con el objeto de proteger ese material durante su traslado. A veces, la OTAN, al atacar ese material y personal, alcanzaba en realidad a civiles. Como se informó ampliamente en todo el mundo, el 14 de abril la OTAN bombardeó sendos convoyes de desplazados internos en dos lugares de las proximidades de Djakovica/Gjakova (Meja/Meje y Bistrañin/Bistrazhin). La presencia de vehículos militares en el convoy de Meja podría indicar que las personas que viajaban en él estaban siendo utilizadas como escudos humanos. 

Ese día, varios pueblos de la zona de Djakovica próxima a la frontera fueron desalojados por fuerzas serbias, y la población albanokosovar fue escoltada en convoyes a la ciudad de Djakovica. En ese momento avanzaba hacia allí un convoy de albonokosovares con una escolta de vehículos militares delante y detrás de él. La OTAN observó cómo se agrupaba a los desplazados y se quemaban edificios y decidió disparar contra los vehículos en que parecían viajar los autores de esos actos. Como contó un entrevistado que había huido del pueblo de Paçaj [Po…aj] con su familia al ver quemar otros pueblos de los alrededores, cuando estaban en Meja una carga explosiva alcanzó un tractor. Después de esto, se ordenó a algunas personas que regresaran a sus pueblos, pero la policía dijo a un grupo de ellas entre las que se encontraba el entrevistado que entraran en un gran edificio de tres pisos que se alzaba cerca de allí y que utilizaran también el garaje. Al cabo de unos quince minutos, el lugar fue atacado de nuevo y murieron al menos siete civiles. Es posible que las fuerzas serbias llevaran a los desplazados al edificio deliberadamente, porque sabían que podía ser atacado. Aproximadamente una hora más tarde, un convoy de refugiados, posiblemente el mismo de antes, fue confundido con un grupo de vehículos del ejército yugoslavo por la OTAN, que disparó dos veces sobre él cerca de Bistrañin, causando numerosas bajas.

	Un periodista que entrevistó meses después a varios supervivientes y testigos contó que uno de éstos recordaba que unos vehículos militares se habían mezclado con el convoy. «El ejército estaba siempre en movimiento —había dicho—. Tenían que mezclarse con los convoyes de refugiados». Otro había dicho que «el ejército [yugoslavo] se desplazaba por medio de los convoyes para que la OTAN no le atacara».

	Independientemente de que hubiera vehículos militares en el convoy de civiles de etnia albanesa, éstos tenían que haber sido protegidos. El artículo 50.3 del Protocolo I estipula: «La presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil». 

	Las explicaciones de la OTAN no indican que su aviación creyera que los convoyes de civiles desplazados se estaban utilizando para proteger a las fuerzas serbias, sino más bien que confundió al convoy con una columna militar. La causa del error fue la falta de medidas de precaución suficientes para distinguir entre civiles y objetivos militares. La regla de los 4.500 metros hacía, de hecho, imposible que la aviación de la OTAN respetara la norma fundamental de distinguir entre objetivos militares y personas y bienes civiles.

	A pesar de que la OTAN había afirmado previamente que la gran altitud a que se mantenían sus pilotos para protegerse no afectaba a la precisión del proceso de selección de objetivos, en este caso se sugirió que la altitud había sido uno de las causas del error cometido al identificar el convoy en el segundo incidente. En la conferencia de prensa del 19 de abril, el general Leaf dijo:

al ver estos vídeos reproducidos en el gran panel de esta cómoda sala parece posible que se tratara de vehículos de tipo tractor. Cuando examiné las cintas con los pilotos, estuvieron de acuerdo. No obstante, insistieron en que desde la altitud a la que se lanzaron los ataques a simple vista parecían vehículos militares [la cursiva es nuestra].

	Recordemos lo que dijo el general Michael Short en relación con las reacciones de los pilotos a los bombardeos de Djakovica: 

Vinieron y me dijeron: «tenemos que dejar que los aviones de reconocimiento bajen hasta los 1.500 metros. Tenemos que dejar que los bombarderos bajen hasta los 2.400 metros y en picado para que se aseguren de que verifican su objetivo y vuelvan luego a los 4.500 metros. Creemos que eso solucionará el problema. Reconocemos que aumenta mucho el riesgo, pero ninguno queremos alcanzar otra vez un tractor lleno de refugiados. No se puede soportar».

	En la reunión de Bruselas del febrero del 2000, los funcionarios de la OTAN confirmaron a Amnistía Internacional que tras los bombardeos de Djakovica se pidió a la tripulación de los aviones que se aseguraran visualmente de la ausencia de civiles en la proximidades de los objetivos antes de atacar.

	Una cuestión obvia es si resulta siempre posible distinguir perfectamente entre un tractor y un vehículo militar a una distancia de 4.500 metros. De hecho, según las explicaciones de la propia OTAN, el segundo ataque se suspendió al ver los aviones más lentos el lugar con binoculares, lo que implica que los bombarderos, que iban más rápido, no lo veían. Este hecho indica que los procedimientos utilizados por la OTAN en sus operaciones podrían haber sido causa de un ataque indiscriminado, lo que constituye una infracción del derecho internacional humanitario. El hecho de que después de este incidente la OTAN dijese que había modificado las directivas de la operación al ordenar a los pilotos que se aseguraran visualmente de la ausencia de civiles en las proximidades de los objetivos al identificar éstos plantea la cuestión de por qué no se tomaron tan esenciales precauciones desde el principio de la operación.

5.3	El ataque del 23 de abril de 1999 a la radiotelevisión estatal serbia 

	El 23 de abril de 1999, a primeras horas de la mañana, la aviación de la OTAN bombardeó las oficinas y estudios de la radiotelevisión estatal serbia (Radio Televisija Srbije, RTS) , que se encuentran en el centro de Belgrado. No había duda de que la alianza había atacado el objetivo que tenía previsto. En el momento del bombardeo se encontraban trabajando en el edificio numerosos técnicos y miembros del personal de producción; se calcula que eran por lo menos 120. El noticiario que se estaba emitiendo se cortó, y hasta unas tres horas más tarde no se reanudó la emisión.

	En la conferencia de prensa celebrada ese mismo día, el coronel Konrad Freytag de la OTAN situó este ataque en el contexto de la política adoptada por la alianza para «romper la red nacional de mando y distorsionar el aparato propagandístico de la República Federativa de Yugoslavia». Explicó así el ataque: «Nuestras fuerzas atacaron la capacidad de la dirección de régimen para difundir su versión de las noticias y transmitir sus instrucciones a las tropas en campaña». La OTAN declaró que, además de los principales estudios de la radiotelevisión de Belgrado, el edificio «albergaba una inmensa antena parabólica para satélites de comunicaciones, de usos diversos».

	El día del ataque, Amnistía Internacional expresó públicamente honda preocupación y declaró que, a juzgar por la información disponible, en la que se hacía hincapié en la función propagandística de la RTS, no le parecía que se pudiera justificar lo ocurrido. La organización escribió a Javier Solana, a la sazón secretario general de la OTAN, para pedir una explicación urgente de las razones del ataque. En una respuesta con fecha de 17 de mayo, la OTAN dijo que había hecho «todo lo posible para no causar bajas civiles ni daños colaterales atacando exclusivamente y con muy cuidado la infraestructura militar del presidente Miloševiƒ». Añadió que las instalaciones de la RTS se estaban utilizando como emisoras repetidoras y transmisores de radio para apoyar las actividades del ejército y las fuerzas especiales de policía de la República Federativa de Yugoslavia, por lo que constituían objetivos militares legítimos».

	En la reunión de Bruselas con Amnistía Internacional, los funcionarios de la OTAN aclararon que esta alusión a emisoras repetidoras y transmisores de radio se refería a otros ataques a la infraestructura de la RTS, no a este bombardeo en particular de su sede. Insistieron en que el bombardeo se había llevado a cabo porque la RTS era un órgano de propaganda y la propaganda constituye un apoyo directo a las acciones militares. El hecho de que la OTAN no dé más razón que ésta para justificar su decisión de atacar la RTS se repite en el análisis que ha hecho de la operación aérea el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que explica el bombardeo señalando que los estudios de la RTS eran «una instalación utilizada con fines propagandísticos». No se habla en él de emisoras repetidoras. 

	En una entrevista realizada para un documental de televisión de la BBC, el primer ministro británico, Tony Blair, habló del bombardeo de la RTS en términos que parecían indicar que una de las razones de que se llevara a cabo había sido que los vídeos grabados por la televisión serbia sobre las víctimas causadas por los errores de la OTAN, como el bombardeo del convoy civil de Djakovica, se estaban volviendo a emitir en cadenas occidentales y estaban menoscabando el apoyo a la guerra dentro de la alianza. «Éste es uno de los problemas de hacer la guerra con las comunicaciones y la información del mundo moderno —dijo—. Sabíamos que esas imágenes se volverían a poner y habría una compasión instintiva por las víctimas de la operación».

	En la definición de «objetivo militar» recogida en el artículo 52.2 del Protocolo I, que la OTAN acepta, se especifica que

los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida [la cursiva es nuestra].

	Amnistía Internacional reconoce que destruir la propaganda oficial puede servir para minar la moral de la población y de la fuerzas armadas, pero cree que justificar un ataque a una instalación civil aduciendo tal razón constituye una interpretación inaceptable del concepto de objetos que «contribuyan eficazmente a la acción militar» y de «ventaja militar definida». Según lo dispuesto en el artículo 52.2 del Protocolo I, la RTS no podía ser considerada objetivo militar. Por este motivo, el bombardeo constituyó una infracción del artículo 52.1, que prohíbe los ataques contra bienes de carácter civil, y fue, por tanto, un crimen de guerra. 

	Un texto autorizado, el Comentario de los Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, del Comité Internacional de la Cruz Roja, interpreta la expresión «ventaja militar definida prevista» señalando que «no es legítimo lanzar un ataque que ofrezca sólo ventajas potenciales o indeterminadas». En un texto más reciente, el comentario del manual militar alemán, se afirma: «Si debilitar la determinación de luchar de la población enemiga se considerara un objetivo legítimo de las fuerzas armadas, no habría ningún límite a la guerra». Más adelante se añade que «los ataques con objetivos puramente políticos, como demostrar la capacidad militar o intimidar a los líderes políticos del adversario» están prohibidos. La doctrina británica de defensa adopta un planteamiento similar: «La moral de la población civil de un enemigo no es un objetivo legítimo».
	Merece la pena recordar también en este contexto la sentencia dictada por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en 1946 en el caso de Hans Fritzsche, quien fue alto cargo del Ministerio de Propaganda del Tercer Reich, de cuya División de Radio fue jefe desde noviembre de 1942. El fiscal afirmó que Fritzsche había «incitado y animado a cometer crímenes de guerra falsificando deliberadamente noticias para despertar en el pueblo alemán pasiones que le impulsaran a cometer atrocidades». El Tribunal reconoció que el acusado había dado muestra en sus discursos de «antisemitismo definido» y que había «difundido a veces noticias falsas», pero no lo declaró culpable. Su sentencia sobre el caso concluía así: 

Parece ser que Fritsche [sic] hizo a veces rotundas declaraciones de naturaleza propagandística en sus emisiones. Pero el Tribunal no está dispuesto a sostener que tuvieran por objeto incitar al pueblo alemán a cometer atrocidades contra los pueblos conquistados, y no se puede considerar que [Fritzsche] participara en los crímenes imputados. Su objetivo era más bien provocar un sentimiento popular de apoyo a Hilter y al ejército alemán» [la cursiva es nuestra].

	Sobre la cuestión, en general, de la legitimidad de atacar las instalaciones de una cadena de televisión, se ha hecho referencia a una lista de categorías de objetivos militares incluida en un documento de trabajo elaborado por el CICR en 1956, el proyecto de reglas para la limitación de los peligros que corre la población civil en tiempo de guerra. En el párrafo 7 de la lista figuran «las instalaciones de emisoras de radiodifusión y de televisión». Sin embargo, en la versión francesa de dicho documento se explica claramente que tales instalaciones han de ser de «importancia esencialmente militar». Asimismo, el documento dispone en su artículo 7 que ni siquiera los bienes enumerados pueden ser considerados objetivos militares si atacarlos no «ofrece ninguna ventaja militar». 

	El proyecto de reglas del CICR, que se debatió en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1957, para la que había sido elaborado, sin duda no habría apoyado la legitimidad del ataque a la RTS. De todos modos, en los años siguientes, el enfoque basado en la elaboración de listas de objetivos militares se abandonó en favor del que al final adoptó el Protocolo I en su artículo 52.

	El ataque a la RTS podría haber violado el derecho internacional humanitario aún cuando el edificio hubiera sido considerado con razón un objetivo militar. En concreto habría violado la norma de la proporcionalidad establecida en el artículo 51.5.b del Protocolo I, y también las disposiciones de artículo 57.2.c, que obligan a dar aviso por medios eficaces.

	El artículo 51.5.b prohíbe los ataques «cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil [...] que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista». En el comentario del CICR al Protocolo se especifica que «la expresión “concreta y directa” tenía por objeto mostrar que la ventaja en cuestión debe ser substancial y relativamente inmediata, y que las ventajas apenas previsibles o que se perciben sólo a largo plazo se deben descartar». La OTAN tenía que haber previsto claramente que los civiles presentes en la RTS morirían. Además, parece ser que la alianza sabía que al atacar la RTS sólo se interrumpiría la emisión durante un breve periodo. El general Wesley Clark, comandante supremo aliado en Europa, ha manifestado: «Sabíamos cuando atacamos que habría otros medios de neutralizar la televisión serbia. No había un único interruptor para apagarlo todo, pero pensamos que convenía atacarla, y los líderes políticos estuvieron de acuerdo». En otras palabras, la OTAN atacó deliberadamente un bien de carácter civil, matando a 16 civiles, con objeto de interrumpir las emisiones de la televisión serbia en medio de la noche durante alrededor de tres horas. Cuesta ver cómo puede esta acción ser compatible con la norma de la proporcionalidad.

	El artículo 57.2.c del Protocolo I dispone que «se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan». Las declaraciones oficiales previas al bombardeo de la RTS sobre si la OTAN iba a atacar a los medios de comunicación eran contradictorias. El 8 de abril, el general de brigada de aviación Wilby manifestó que la OTAN consideraba la RTS un «objetivo legítimo en esta operación» debido a su uso como «instrumento de propaganda y represión». Añadió que la radio y la televisión sólo serían un «instrumento aceptable de información pública» si el presidente Miloševiƒ dedicaba el mismo tiempo a los noticieros occidentales no censurados durante dos periodos de tres horas al día». Y ese mismo día, el general Jean Pierre Kelche, jefe de las fuerzas armadas francesas, dijo en una conferencia de prensa: «Vamos a destruir sus transmisores y sus repetidores porque son instrumentos de propaganda del régimen de Miloševiƒ utilizados para hacer la guerra».

	Sin embargo, en la conferencia de prensa del día siguiente, 9 de abril, al pedir un periodista aclaraciones sobre la política de la OTAN con respecto a los medios de comunicación de la República Federativa de Yugoslavia, Jamie Shea dijo: «cualquiera que sea nuestro parecer sobre la televisión serbia, no vamos a atacar sus transmisores directamente [...] en Yugoslavia, los repetidores militares de radio están a menudo mezclados con transmisores de televisión, pero nosotros atacamos el objetivo militar. Si se causan daños a los trasmisores de televisión, es un efecto secundario; la intención primaria no es ésa». Asimismo, el 12 abril Jamie Shea escribió a la Federación Internacional de Periodistas, que tiene su sede en Bruselas, que «la Fuerza Aliada ataca sólo objetivos militares, y las torres de televisión y de radio sólo son atacadas si forman parte de instalaciones militares [...] no hay directrices para atacar transmisores de televisión y radio sin más».

	Parece ser que el general Wilby y Jamie Shea hicieron sus declaraciones después de haber sido avisados algunos medios de comunicación de que se había planeado un ataque contra la televisión. Según Eason Jordan, presidente de CNN International, a principios de abril recibió una llamada telefónica de un funcionario de la OTAN que le dijo que se estaba preparando un ataque a la sede de la RTS en Belgrado y que dijera al personal de la CNN que saliera de allí. Jordan le dijo que el número de muertos sería considerable y, dada la poca antelación con que se había dado el aviso, inevitable. El funcionario de la OTAN convenció a ésta de que se anulara la misión (aparentemente media hora antes de que el avión hubiera alcanzado su objetivo). Jordan cree que las amenazas públicas contra los órganos de «propaganda» serbios que hizo posteriormente la OTAN tenían por objeto reducir al mínimo las posibilidades de que se produjeran bajas civiles en un futuro ataque. 

	John Simpson, que trabajaba para la BBC en Belgrado durante el conflicto, fue uno de los corresponsales extranjeros a los que sus jefes avisaron de que no se acercaran a la RTS después del ataque anulado. Cree que la OTAN hizo las declaraciones citadas anteriormente en respuesta a los rumores que corrían en Belgrado entre los medios de comunicación extranjeros sobre el ataque anulado. 

	El primer ministro británico, Tony Blair, culpa a las autoridades yugoslavas de no haber evacuado el edificio. «Podían haber sacado a esas personas del edificio —ha manifestado—. Sabían que era un objetivo y no lo hicieron. Y no sé, pero, mire, probablemente fue por razones clarísimas de propaganda [...] No hay más, quiero decir que no hay forma de hacer la guerra de manera agradable. Es desagradable. Es un asunto desagradable»

	Amnistía Internacional considera que la declaración contra los medios de comunicación serbios hecha por el general Wilby dos semanas antes del ataque no fue un aviso a la población civil por medios eficaces, especialmente si se tienen en cuenta declaraciones contradictoras de otros funcionarios de la OTAN y miembros de la alianza. Como ya dijimos, algunos periodistas occidentales han informado de que sus jefes les avisaron antes del ataque de que se mantuvieran apartados de la televisión serbia, y parece ser también que algunas autoridades yugoslavas sabían que el edificio estaba a punto de ser atacado. Sin embargo no hubo ningún comunicado de la OTAN en el que se avisara de la inminencia de un ataque específico a la RTS. Los funcionarios de la alianza reunidos con Amnistía Internacional en Bruselas dijeron que no dieron aviso de ese ataque concreto para no poner en peligro a los pilotos.

	En algunas crónicas publicadas en la prensa se indica que la decisión de bombardear la RTS la tomó el gobierno de Estados Unidos a pesar de las objeciones de otros miembros de la OTAN. Según el escritor Michael Ignatieff, «en el mando de la OTAN, los aliados estaban en desacuerdo: los abogados británicos sostenían que los Convenios de Ginebra prohibían atacar a periodistas y emisoras de televisión, y el lado estadounidense afirmaba que el supuesto “discurso de odio” emitido por la emisora la privaba de la inmunidad jurídica de que gozaba en virtud de los Convenios». Debido a la falta de acuerdo sobre la legitimidad jurídica del objetivo, «los británicos se negaron a tomar parte en el bombardeo de la televisión serbia». Otras fuentes han informado de las objeciones francesas al ataque. Human Rights Watch ha comunicado que se anuló un ataque a la RTS previsto para el 12 abril debido a la «desaprobación francesa del objetivo».

	En la reunión de Bruselas, los funcionarios de la OTAN dijeron a Amnistía Internacional que una nación, cuyo nombre no especificaron, consideró que la RTS era un objetivo legítimo. Si esta información es correcta, vacía de todo significado práctico la afirmación de los funcionarios de la OTAN de que los blancos considerados ilegales por una nación no se asignaban a ningún otro miembro de la alianza. El caso de la RTS parece indicar que la forma en que la OTAN se ocupaba de tales objeciones consistía en bombardear los objetivos controvertidos sin la participación de los miembros contrarios a ello. No obstante, si el Reino Unido y otros países se opusieron realmente a ese ataque y se abstuvieron de participar en él, podrían no estar exentos de responsabilidad, según el derecho internacional, como miembros de una alianza que lanzó deliberadamente un ataque directo contra un bien de carácter civil.

5.4	El autobús civil y la ambulancia alcanzados en Luñane el 1 de mayo 

	El sábado 1 de mayo, sobre la una de la tarde, un autobús civil voló en dos pedazos en un puente de Luñane (Luzhanë), localidad de Kosovo situada unos 20 kilómetros al norte de Pristina. Pertenecía a un servicio regular que bajaba hacía el sur, desde Niš hasta Pristina. La mitad de él cayó en la orilla del río, situada unos 60 metros más abajo. Tanjug, la agencia oficial de noticias yugoslava, dijo que habían muerto 40 personas. Dos de las víctimas llevaban uniforme militar, pero las demás parecían ser civiles, y entre ellas había niños. El ataque causó daños mínimos al puente.

	El bombardeo aéreo continuó después de haber sido alcanzado el puente. Las ambulancias enviadas al autobús destruido desde un hospital de Pristina se retrasaron mucho a su regreso al explotar bombas en el puente de Jug Bogdan, situado a unos tres kilómetros, a la 13:51 horas, y más tarde, a las 13:55 horas, en un puente paralelo más pequeño. Según informes, una ambulancia fue alcanzada por la metralla de las explosiones y uno de los miembros del personal médico que viajaba en ella resultó herido. Un grupo de periodistas fue testigo de estas dos nuevas explosiones.

	En la conferencia de prensa de la OTAN del 2 mayo, el coronel Freytag dijo:

Por desgracia, en uno de nuestros ataques del sábado se produjeron daños imprevistos, y la aviación de la OTAN realizó un único ataque contra el puente de Lusana, que se encuentra al norte de Pristina. Era un objetivo militar legitimo, situado en una ruta de suministro entre el norte y el sur muy importante para las operaciones del ejército y la policía especial de la República Federativa de Yugoslavia entre Pristina y Podujevo.

	Posteriormente, en una declaración que recordaba la descripción que había hecho el general Wesley Clark del bombardeo del puente ferroviario de Grdelica dos semanas antes, manifestó: 

Por desgracia, tras disparar las armas, un autobús entró en el puente sin que lo viera el piloto, cuya atención estaba centrada en su objetivo durante la trayectoria del arma. No atacó al autobús y no se pretendía causar daño a civiles; lamentamos toda pérdida de vidas inocentes. 

	Al preguntarle por las bajas, el coronel Freytag respondió: 

Si se ve el impacto sobre el puente y cómo el autobús se precipita hacia él, hay que dar por sentado que, si había pasajeros en ese autobús, hubo bajas, al menos el conductor o alguien más, pero no tenemos datos sobre las bajas, sólo hemos visto las mismas imágenes de televisión que ustedes [...] eso sólo se puede verificar sobre el terreno [la cursiva es nuestra].

	El bombardeo de estos puestos suscita de nuevo la preocupación de que la OTAN no tomaba las precauciones necesarias para no causar bajas civiles. El puente de Luñane estaba en la carretera principal que une Niš, la segunda ciudad más populosa de Serbia, con Pristina, capital de Kosovo. Al igual que el puente ferroviario atacado el 12 de abril, esta carretera tenía un tráfico regular de civiles, a pesar de lo cual los puentes fueron atacados hacia la mitad del día, cuando las posibilidades de que resultaran heridos civiles eran mucho mayores. Además, la OTAN no ofreció ninguna indicación acerca de si los pilotos habían intentado asegurarse de que no había tráfico civil en la zona antes de lanzar los proyectiles. 

	En realidad, las declaraciones del coronel Freytag indican que los pilotos tenían la vista fija en el objetivo y no les importaba que algo civil se cruzara en su camino. Al preguntarle si había algún modo de llevar a cabo operaciones como la destrucción de un puente de noche, cuando no pasasen por él autobuses o trenes, respondió:

No atacamos al autobús ni atacamos antes el tren. Atacamos los puentes y estoy seguro de que las autoridades serbias saben que estos puentes son de suma importancia para sus líneas de comunicación y al permitir el tráfico público en ellos están poniendo en peligro la vida de muchos de sus ciudadanos [la cursiva es nuestra].

	En la reunión de Bruselas de febrero del 2000, Jamie Shea dijo a Amnistía Internacional que este incidente sigue estando poco claro. Explicó que se habían producido combates en la zona del puente y que las fuerzas serbias podrían haber tenido algo que ver con los daños sufridos por el autobús. Añadió que la OTAN no está segura de haber alcanzado al vehículo y que si lo hizo fue por error.

5.5	Las bombas de racimo arrojadas el 7 de mayo sobre el mercado y el hospital de Niš 

	El viernes 7 de mayo, alrededor del mediodía, cayeron bombas de racimo en dos zonas residenciales de la ciudad serbia de Niš: los alrededores del mercado situado cerca del centro de la ciudad, y las inmediaciones de un hospital que se encuentra varias manzanas más allá. En la información publicada entonces en la prensa se hablaba de dos bombas que esparcieron subcargas por esta amplia zona. Según el libro blanco del Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo, murieron 14 personas y resultaron heridas alrededor de 30. Los corresponsales internacionales que visitaron la zonas vieron subcargas sin explotar de bombas de racimo en los jardines de las casas, lo que constituía una amenaza constante para los civiles. Las bombas cayeron en una transitada zona de la ciudad y en un momento en el que la gente estaba en la calle y en el mercado, y no a cubierto de las bombas en los refugios donde había pasado la noche. Según un noticiero serbio, fue al décimo cuarto ataque sufrido por Niš, el tercero en diez horas y el primero efectuado de día.

	El 8 de mayo, en la rueda informativa diaria de la OTAN, ésta «confirmó que los daños al mercado y a la clínica habían sido causados por un arma de la OTAN que no dio en el blanco». Asimismo, se confirmó que en esta ocasión se habían utilizado bombas de racimo. LA OTAN declaró que el ataque iba dirigido al aeródromo de Niš, donde se pretendía destruir los aviones estacionados allí, así como las defensas antiaéreas y los vehículos de apoyo, todo lo cual eran «objetivos para los que la munición de racimo resultaba apropiada». La alianza expresó consternación por la pérdida de vidas civiles.

	En respuesta a la pregunta de un periodista, el general de brigada Jertz dijo: «las bombas de racimo se utilizan con objetivos aéreos, en los que sabemos que no pueden producirse daños colaterales». Tal declaración es incompatible con los hechos en este caso. El general no sabía por qué algunas de las bombas de racimo no habían alcanzado el objetivo; sugirió que pudo haberse producido un fallo técnico o que «podrían haberse arrojado inadvertidamente». 

	En respuesta también a un pregunta, Kenneth Bacon manifestó ese mismo día en el Pentágono: «Creemos que hubo un fallo en las armas, pero no conocemos todos los detalles». Y añadió: 

Después de cada ataque, particularmente cuando, como en este caso, se arroja una bomba que cae donde no se pretendía, se hace un análisis muy exhaustivo. Se tarda mucho en hacerlo [...] Así que probablemente hayan examinado toda la misión para asegurarse de que saben lo que pasó, si hubo un error del sistema, un fallo mecánico o un error humano. Y luego harán todo lo que puedan para corregirlo y se lo dirán a todo el que vuele en esa misión. Harán las cosas de otro modo si es necesario. He visto empezar a hacer las cosas de otro modo cuando ya estaban medio hechas. He visto hacer modificaciones en el avión a mitad de la operación porque se había descubierto algo. O [cambiar] un avión que podría tener problemas. Así que todo lo que se pueda hacer se hará, todo. Cuesta mucho. Así que si se puede cambiar algo para hacerlo mejor y para que no tengamos un problema así en el futuro, se tendrá en cuenta. Por otro lado, continuaremos enviando misiones. 

	El hecho de que se utilizaran bombas de racimo con un objetivo próximo a una zona civil y en un momento del día en que la población civil estaba en la calle y había más probabilidades de causarle daño plantea serias dudas acerca de si la OTAN tomaba realmente las debidas medidas para diferenciar entre objetivos militares y personas y bienes civiles y sobre si tomaba todas las precauciones necesarias para garantizar que la población civil no correría ningún riesgo. El ataque a pleno día del 7 de mayo mató a civiles en dos lugares que no se encontraban en las inmediaciones del aeródromo. Sin embargo, hay viviendas muy próximas al perímetro del aeródromo, en el barrio de Medoševac. Algunas de ellas sufrieron daños en un ataque lanzado por la OTAN al aeródromo el 7 de mayo alrededor de las tres de la madruga. Según el libro blanco del Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo, en este ataque resultaron heridos tres civiles. 

	El 11 de mayo de 1999, Amnistía Internacional escribió al secretario general de la OTAN, Javier Solana, preguntando si se habían tenido en cuenta estos factores al planear el ataque y elegir las municiones. En la respuesta, la OTAN reiteró su determinación de respetar el derecho internacional humanitario y de hacer «todo lo posible parar no causar bajas civiles ni daños colaterales».

	Cuatro días antes de este incidente, Jamie Shea había dicho a la prensa que el 2 de mayo había sido alcanzado el transformador eléctrico general de Niš y que la capacidad de mando, control y comunicaciones del Tercer Ejército yugoslavo, cuya comandancia estaba en esta ciudad, se había «reducido considerablemente». Asimismo, dijo: «Quiero que sepan, y voy a hacer hincapié en ello, que las fuerzas de la OTAN pusieron el máximo cuidado para asegurarse de que las instalaciones civiles importantes, como los hospitales, tuviesen energía de sobra y dispusieran, por tanto, de transformadores de seguridad con que mantener sus sistemas en funcionamiento durante estos cortes de energía». Días después de esta declaración, fue alcanzado el hospital mismo.

	Aun cuando las bajas de Niš hubieran sido consecuencia de un error o un fallo técnico, como sugirió el general Jertz, no por ello dejó de cometerse una violación del derecho internacional humanitario. Como ya dijimos, el artículo 57 del Protocolo I dispone que se deben tomar medidas de precaución para no causar muertes entre la población civil, entre ellas «todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil» y «abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil [...] daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista». El uso de bombas de racimo y el hecho de que el ataque se efectuara en un momento del día en que era seguro que habría civiles indican que la OTAN podría no haberse asegurado en este caso de tomar todas las medidas de precaución necesarias e infringido, por tanto, las normas del derecho de los conflictos armados. 
	Según Human Rights Watch, poco después del homicidio de civiles en Niš el ejecutivo estadounidense prohibió que siguieran usándose bombas de racimo. No obstante, esta medida no explica por qué se utilizaron al principio tales bombas cerca de concentraciones civiles. Los funcionarios de la OTAN reunidos con Amnistía Internacional en Bruselas no pudieron confirmar si Estados Unidos había dejado de utilizar bombas de racimo después de este incidente. La OTAN sí confirmó unos informes según los cuales las fuerzas británicas participantes en la Operación Fuerza Aliada continuaron arrojando bombas de racimo al menos hasta el 4 de junio. El subsecretario general de la OTAN, general Buckley, contó a Amnistía Internacional que las fuerzas estadounidenses y británicas estaban utilizando tipos distintos de bombas de racimo. Las RBL 755 empleadas por las segundas no tenían ningún fallo, y la aviación británica continuó usándolas.

	El derecho internacional no prohíbe el uso de bombas de racimo. No obstante, Amnistía Internacional cree que, en este caso, la OTAN no cumplió su obligación de tomar todas las precauciones necesarias al utilizar tales bombas en las inmediaciones de concentraciones civiles, por lo que infringió el Artículo 51 del Protocolo I, cuyos párrafos 4 y 5 prohíben los ataques indiscriminados.

5.6	El ataque del 8 de mayo de 1999 a la embajada china en Belgrado  

	El sábado 8 de mayo de 1999, un avión B-2 atacó a primeras horas de la mañana la embajada china en Belgrado, matando a tres personas e hiriendo a más de 20. La OTAN dijo que había sido un error y manifestó que lo lamentaba mucho. El objetivo previsto no era la embajada, sino la Dirección Federal de Suministro y Adquisición de Belgrado. Se había apuntado al lugar donde estaba la embajada, pero porque la OTAN pensaba que era la Dirección Federal lo que se encontraba allí. Había bombardeado un objetivo por error, debido a un fallo de los servicios de información.

	En la conferencia de prensa de la OTAN del 10 de mayo de 1999, Jamie Shea dijo que la alianza estaba realizando un exhaustivo análisis de los procedimientos operativos y las bases de datos de objetivos y había tomado medidas para garantizar que no se repitieran errores así. No obstante, no hizo ningún comentario sobre la política de selección de objetivos en sí misma. Su declaración confirmó lo que el secretario de Defensa estadounidense, William S. Cohen, y el director de la CIA, George J. Tenet, habían dicho en una declaración conjunta del 8 de mayo, cuando lamentaron el bombardeo y explicaron que una «información incorrecta hizo que se cometiera un error al incluir por primera vez este lugar entre los objetivos. Y el amplio proceso utilizado para seleccionar y validar los objetivos no corrigió el error inicial». Creían que no volvería a ocurrir nada así.

	El 10 de mayo, el secretario de Defensa dio una rueda de prensa en la que explicó más detenidamente los errores cometidos. Dijo que la orden de bombardear se había basado en un mapa desfasado y que no se había localizado correctamente el verdadero objetivo en los mapas. El blanco previsto, la Dirección Federal, estaba cerca de la embajada china, pero en los mapas utilizados esta última aparecía en otra parte de la ciudad. Además, un miembro de los servicios de información dijo que en la base de datos utilizada en la selección del objetivo no constaba el traslado de la embajada a la nueva dirección. El secretario de Defensa dijo que la OTAN había realizado alrededor de 18.000 salidas en misión de combate, incluidas unas 4.036 de ataque, y que sólo en una decena de ellas aproximadamente se habían producido bajas imprevistas. Muchos más daños había causado a la población civil el presidente Miloševiƒ, dijo. 

	Aunque atribuyó el error al hecho de haber utilizado mapas desfasados y una base de datos incompleta, el secretario de Defensa hizo hincapié en que no se interrumpirían los bombardeos, ni siquiera para corregir esos datos. El error de los servicios de información causante del bombardeo de la embajada china pareció confirmar los temores de Amnistía Internacional con respecto a la cuestión de que la OTAN no aplicara salvaguardias suficientes al seleccionar y examinar los objetivos de sus ataques.

	En octubre de 1999, el periódico británico The Observer publicó una información según la cual el bombardeo de la embajada china había sido intencionado y no un accidente. El periódico explicaba que importantes fuentes militares y de los servicios de información de Europa y de Estados Unidos habían divulgado que la embajada china funcionaba a modo de estación repetidora del ejército yugoslavo desde que los bombardeos de la OTAN habían destruido sus transmisores. 

	Sin embargo, en el examen de la Operación Fuerza Aliada publicado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en enero del 2000 se reiteraba que el bombardeo había sido un accidente. En concreto se decía: «El bombardeo de la embajada china en Belgrado fue algo totalmente imprevisto. Se llevó a cabo debido a un fallo en el proceso de identificación y validación de los objetivos propuestos. La sede de la Dirección Federal de Suministro y Adquisición yugoslava era un objetivo militar legítimo, pero la técnica utilizada para localizarla tenía fallos graves. Ninguna de las bases de datos del ejército y los servicios de información utilizadas para validar los objetivos contenía la ubicación correcta de la embajada china. En el proceso de revisión del objetivo no se detectó el error en ningún momento». En la reunión de Bruselas con Amnistía Internacional, los funcionarios de la OTAN insistieron en que el bombardeo había sido un accidente. 

	El error cometido, según la OTAN, al no identificar debidamente la embajada china fue causa de que se atacara un bien de carácter civil y se matara a civiles. Aunque no todos los errores comportan responsabilidad juridica según el derecho internacional humanitario, todo parece indicar que la información básica necesaria para no haber cometido el error en cuestión era del dominio público en ese momento. Parece, por tanto, que la OTAN no tomó las precauciones necesarias que establece el artículo 57.2 del Protocolo I. 

	En abril del 2000, la CIA anunció que había «tomado varias medidas respecto del personal» en respuesta a las recomendaciones de su Junta de Responsabilidad. En la declaración se explicaba que, por razones de seguridad y de confidencialidad, no se iban a divulgar las medidas particulares adoptadas. Sin embargo, la prensa informó de que la CIA había despedido a un empleado que había prorporcionado unos datos inexactos causantes del bombardeo de la embajada china. Según la información publicada, otros seis miembros del personal de la agencia habían sido amonestados por la función que habían desempeñado en la identificación errónea del objetivo. 

	El director del Departamento de Asuntos Públicos de la CIA, Bill Harlow, dijo en una declaración pública que la culpa del «trágico incidente» era de muchas personas. «Numerosos agentes de la CIA de todos los niveles de responsabilidad no se aseguraron de que el objetivo previsto del bombardeo [...] estaba determinado debidamente y localizado con total precisión antes de que la CIA pasara una lista de objetivos elegidos al ejército de Estados Unidos para que entrara en acción —explicó—. Aunque jamás podamos corregir los errores causantes del bombardeo, nos satisface que la CIA haya dado la cara [...] y asumido debidamente la responsabilidad de nuestros errores».

	En un artículo publicado en el New York Times una semana después de esta declaración pública de la CIA se exponían detenidamente los factores que pudieron haber contribuido a que se cometiera el error y se indicaba que también eran responsables de él autoridades ajenas a la CIA. Porter J. Goss, presidente de la Comisión Permanente sobre los Servicios de Información de la Cámara de Representantes del Congreso de  Estados Unidos , que investigó el bombardeo de la embajada, dijo al periódico: «Era un problema del sistema, no sólo de la CIA. La cuestión es que, al menos en el Pentágono, alguien tiene que levantarse y decir que la culpa no es sólo de la agencia. No se hace honor a la justicia despidiendo a una persona y perdonando a todas las demás agencias, incluida la Casa Blanca».

	Este es el único caso que conoce Amnistía Internacional en el que un miembro de la alianza haya tomado medidas disciplinarias contra los responsbles de que se causaran homicidios ilegítimos de civiles durante la operación. Y es también el único en que un miembro de la OTAN ha pagado una indemnización a las víctimas y a sus familias y reparaciones por daños causados a edificios. Estas medidas se tomaron tras una fuerte presión diplomática de China, que después del bombardeo suspendió las conversaciones con Estados Unidos sobre control de armas, derechos humanos, seguridad y comercio.

5.7	Los civiles de etnia abanesa bombardeados en Koriša el 13 de mayo de 1999 

	El 13 de mayo de 1999, a las once y media de la noche, tres aviones de la OTAN bombardearon el pueblo de Koriša (Korishë), matando a gran número de desplazados de etnia albanesa que se habían refugiado allí. Tanjug, la agencia oficial de noticias yugoslava, indicó que había habido 87 muertos y 78 heridos. En el segundo volumen del libro blanco del Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo se afirma que hubo 48 muertos (la mayoría niños, mujeres y ancianos) y al menos 60 heridos. Human Rights Watch informó de que en el ataque habían muerto con total seguridad más de 48 personas, pero no pudo dar el número definitivo de bajas mortales causadas. Quedaron destruidos o sufrieron daños numerosos tractores en los que habían viajado las víctimas. Fuentes yugoslavas manifestaron que entre los heridos había 11 niños menores de 15 años. La OTAN no pudo confirmar las cifras de bajas publicadas en los medios de comunicación.

	Koriša se encuentra al pie de una sierra, a alrededor de un kilómetro de la carretera principal que comunica Prizren con Suva Rea. Según cifras de las Naciones Unidas, en 1998 tenía unos 4.200 habitantes. El ELK había lanzado acciones en la zona y el pueblo había sufrido una serie de incursiones punitivas de las fuerzas de seguridad yugoslavas a lo largo de marzo y abril de 1999. Los serbios habían matado a varias personas de etnias albanesa residentes en el pueblo y quemado casas. Asimismo, el pueblo había sido bombardeado. La mayoría de sus habitantes habían abandonado sus hogares e intentado huir a Macedonia, pero muchos no habían conseguido llegar allí y vivían acampados en bosques y montes durante largos periodos.

	Amnistía Internacional entrevistó a varios habitantes de Koriša en relación con los sucesos previos al bombardeo. Sus relatos muestran claramente que las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia habían tomado a veces posiciones en el pueblo durante sus ofensivas contra el ELK. A mediados de abril, por ejemplo, las fuerzas del gobierno tomaron una posición establecida a la entrada del pueblo y estuvieron allí alrededor de diez días, en el transcurso de los cuales la policía y los soldados quemaron casas y mataron al menos a 18 personas. Al parecer, estas fuerzas se marcharon hacia finales de abril para instalarse en una comisaría situada en la carretera principal. Las personas entrevistadas hablaron también de la existencia en la zona de un campo de instrucción militar abandonado. Las distintas versiones de lo ocurrido disponibles, algunas de las cuales se resumen más adelante, no aclaran la situación exacta del lugar del bombardeo en relación con el pueblo y la comisaría.

	En la conferencia de prensa de la OTAN del 14 de mayo, se pidió a la alianza que, puesto que este ataque parecía similar al lanzado por error un mes antes contra el convoy de desplazados de etnia albanesa cerca de Djakovica, especificará qué cambios de procedimiento se habían realizado para no atacar a tractores en caso de haberlos confundido con vehículos militares. James Shea respondió que la OTAN no atacaba objetivos civiles, que no hablaría de lo ocurrido hasta que tuviera toda la información y que en estos casos la OTAN contaba siempre todo lo que se sabía. Añadió que confiaba en que los periodistas occidentales trasladados en esos momentos al lugar por Belgrado consiguieran «librarse de sus guardaespaldas» y «hacer sus propias investigaciones».

	Según información publicada en la prensa, el Pentágono planteó la posibilidad de que los daños hubieran sido causados por un intenso fuego de artillería serbio. Algunas personas aludieron en privado a la existencia de discrepancias en cuanto a la hora del ataque y afirmaron que las imágenes aéreas tomadas ocho horas después del momento en que las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia dijeron que se había producido el ataque no mostraban ningún daño en torno al pueblo.

	En la conferencia de prensa del día siguiente la OTAN negó que, como aseguraban los serbios, se hubieran utilizado bombas de racimo en este ataque y afirmó que había atacado «un objetivo militar legítimo». Añadió que había identificado a las afueras de Koriša un campamento militar y un puesto de mando que habían sido utilizados desde el comienzo del conflicto y en los que había un vehículo blindado de transporte de personal y 10 piezas de artillería. Explicó que después de haber confirmado el objetivo e «identificado con toda seguridad [...] lo que parecía excavado en posiciones militares reforzadas con terraplenes» dos aviones arrojaron dos bombas de alta precisión guiadas por láser cada uno y diez minutos más tarde un tercer avión arrojó seis bombas convencionales sobre el objetivo. 

	En respuesta a la pregunta de qué habían pensado los pilotos que eran los tractores que había en el lugar en el momento del ataque, el general dijo que el piloto había «identificado visualmente [el objetivo] mediante los sistemas técnicos del avión —ya saben ustedes que era de noche— y vio siluetas de vehículos, y como según la información previa era un objetivo válido, atacó». 

	Al preguntarle por qué habían bombardeado de noche sin garantías suficientes de no causar «daños colaterales», reiteró que desde abril los servicios de información les habían estado comunicando que había en la zona piezas militares que se utilizaban continuamente. Y añadió: 

Así que para el piloto que lanzó el ataque, era un objetivo legítimo. Pero cuando estaba en la zona del ataque tenía la obligación de asegurarse de que todos los objetos que viera eran los que tenía que atacar [...] Por supuesto [...] estamos diciendo que era de noche. Si había alguien dormido en una casa no lo podía ver [...] De noche vio las siluetas de los vehículos y ésa es la razón de que pudiera atacar.

	El 16 y el 17 de mayo, Peter Daniel y Jamie Shea sugirieron que los civiles de Koriša podían haber sido llevados allí por los serbios para utilizarlos como escudos humanos. El 17 de mayo, el portavoz del Pentágono, Kenneth Bacon, manifestó que entre un tercio y la mitad de los civiles muertos en la operación aérea de la OTAN podrían haber sido llevados deliberadamente a los alrededores de los objetivos de los bombardeos y citó a este respecto una entrevista realizada en una emisora de radio alemana a un superviviente del ataque a Koriša. El 18 de mayo, la OTAN celebró una rueda informativa sobre la cuestión en general del presunto uso de escudos humanos. No obstante, lo expuesto en ella no reveló nada concreto sobre el caso de Koriša.

	Las autoridades yugoslavas llevaron periodistas internacionales al lugar del bombardeo al día siguiente. Se supo, que cuando comenzó la operación de la OTAN, los habitantes de Koriša habían huido a Albania, pero que algunos habían regresado al impedirles la policía seguir adelante. Como sus casas fueron atacadas otra vez por las fuerzas yugoslavas, huyeron al monte, pero uno o dos días antes del bombardeo regresaron de nuevo a sus hogares. Según algunas crónicas, lo hicieron con el «permiso» de las autoridades, pero otras indican que la policía les hizo «regresar» a Koriša y los obligó a permanecer bajo vigilancia policial en el patio de una fábrica de adornos de piedra. Al parecer les dijeron que podrían volver a sus hogares una vez limpiado el pueblo de «terroristas». 

	En otra crónica se explica que a un periodista le dijeron que los civiles desplazados habían empezado a quedarse sin alimentos tras permanecer durante un mes en el monte, así que habían ido a ver al jefe de policía de Ljudiñda (Ludizhdë). Éste les había dicho que podían elegir entre volver a casa o marcharse a Albania, pero que era mejor que hicieran lo primero porque la frontera estaba cerrada. En el pueblo, alrededor de 430 personas desplazadas vivían acampadas en la calle, porque sus casas habían sido destruidas, y unas 200 más pasaban la noche en un hotel cercano. Muchas de ellas estaban dormidas cuando comenzó el bombardeo.

	Aunque en estas crónicas no se indica claramente que las fuerzas serbias utilizaran a estos civiles como «escudos humanos» en Koriša, el periódico londinense The Times publicó una información que parecía confirmar tal posibilidad. Un refugiado de Pobneg, Albania, entrevistado por el reportero de The Times dijo que las fuerzas serbias habían establecido su comandancia en unos edificios de apartamentos del pueblo. Utilizaban la planta baja para un puesto de artillería, y en el primer piso tenían un puesto militar y de policía. Esta fuente manifestó que tenían mujeres y niños en el piso superior, y que en los tres edificios de apartamentos que ocupaban en total tenían a dos o tres centenares de mujeres y niños. No obstante, cuando este refugiado y su hermano fueron entrevistados posteriormente por un representante de Amnistía Internacional no tenían información de primera mano sobre la existencia de habitantes del pueblo en edificios ocupados por las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia y su descripción de los hechos no cubría el momento en que había tenido lugar el bombardeo.

	Los periodistas que visitaron Koriša al día siguiente al ataque vieron estacionados todavía en un patio alrededor de 30 tractores, 20 de los cuales habían sido quemados. Algunos de ellos pusieron en duda que el lugar hubiera sido realmente un objetivo militar ya que que se encontraba en campo abierto y estaba completamente a la vista, por lo que no se podía ocultar material militar en él. Según un periodista del Washington Post, a juzgar por lo que vieron o por lo que les dijeron los refugiados que entrevistaron, los reporteros que fueron allí no pudieron confirmar la presencia aquella noche de instalaciones o personal militar. En respuesta a ello, Jamie Shea citó relatos publicados por la prensa kosovar en los que los refugiados informaban de haber visto un puesto de mando y un campamento militar en el lugar en cuestión.
	A juzgar por esta información sigue estando poco claro si había o no fuerzas o instalaciones militares de la República Federativa de Yugoslavia en Koriša en el momento del bombardeo. Los refugiados procedentes de  Koriša que Amnistía Internacional entrevistó dijeron que había habido un puesto militar yugoslavo en abril, pero añadieron que estas fuerzas se habían marchado de allí al concluir el mes, mucho antes del bombardeo de la OTAN. No obstante, como estos refugiados salieron del pueblo antes de que fuera bombardeado, no conocían la situación exacta en el momento del bombardeo. La información publicada en la prensa a este respecto no permite hacerse una idea clara.

	La OTAN insistió que en que había atacado el objetivo militar legítimo previsto. No obstante, lo expuesto por otras fuentes ha dejado claro que los puestos militares que pudiera haber en Koriša eran provisionales y que no se utilizaron hasta el momento del bombardeo. El general Jertz siguió sosteniendo que el piloto había atacado los terraplenes defensivos, si bien los periodistas que visitaron el lugar no vieron señales de tales daños. 

	De acuerdo con la información disponible tampoco queda claro si en Koriša se estaba utilizando a civiles como escudos humanos. De ser cierto, las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia habrían cometido una infracción grave del derecho internacional humanitario, pero tal hecho no eximía a la OTAN de la responsabilidad de velar por la protección de esos civiles. La alianza ha manifestado que no tenía conocimiento de la presencia de civiles de etnia albanesa en Koriša. Sin embargo, las declaraciones que ha hecho sobre este caso indican que no tomó medidas de precaución suficientes para asegurarse de que no había civiles, lo cual le impidió aplicar la norma de la proporcionalidad establecida en el artículo 51.5.b del Protocolo I. Parece ser que, como el puesto de mando no era un objetivo casual, sino que figuraba en una lista de objetivos aprobados, el avión atacante no tomó precauciones suficientes para verificar que no había civiles en la zona antes de lanzar el ataque.

5.8	El ataque del 30 de mayo de 1999 al puente de Varvarin 

	El ataque al puente de Varvarin, localidad del centro de Serbia, se produjo hacia la una de la tarde del 30 de mayo, fecha en que, por ser día de mercado y fiesta religiosa, había en la calle más gente de lo habitual y el riesgo de causar bajas civiles era, por tanto, muy alto. Los medios de comunicación oficiales de la República Federativa de Yugoslavia informaron de que había habido 11 muertos y al menos 40 heridos. 

	Existen dudas acerca de si este puente era un objetivo militar legítimo. La información disponible indica que era demasiado estrecho para permitir el paso de vehículos militares grandes. No obstante, aun cuando fuera un objetivo militar legítimo, Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que, aparentemente, no se tomaran las precauciones necesarias al realizar el ataque.

	Las condiciones en que se efectuó este ataque lo asemejan a los lanzados el 12 de abril y el 1 de mayo, respectivamente, contra el puente ferroviario de Grdelica y el puente para automóviles de las inmediaciones de Luñane, en los que también hubo bajas civiles. Según la información disponible, al igual que en esos dos casos, el puente de Varvarin fue atacado dos veces: varios minutos después del primer ataque, cuando la gente corría a ayudar a las víctimas, se dispararon otros dos misiles que causaron más bajas civiles. 

	Según un maestro de escuela local, «todo el mundo sabe que el domingo es día de mercado aquí y que los vendedores se alinean a todo lo largo de la calle que baja hasta el puente». Se calcula que en las proximidades de éste había unas 2.000 personas, y en el momento del ataque lo cruzaban varios automóviles y peatones. Como consecuencia del bombardeo cayeron al río algunos vehículos. 

	La OTAN dijo que había bombardeado este puente porque era un objetivo militar legítimo y que había sido alcanzado con precisión. El 31 de mayo, al preguntarle si no se podía evitar lanzar ataques como éste a mediodía, cuando el riesgo de causar bajas civiles era alto, Jamie Shea reiteró: «los pilotos de la OTAN toman todas las precauciones necesarias para no causar daños a la población civil». Aunque manifestó también que «los pilotos saben que si ven que hay riesgo de causar daños a civiles, no deben atacar el objetivo», no ofreció ninguna explicación sobre por qué no se había suspendido el ataque contra el puente de Varvarin ni sobre si el piloto había comprobado la presencia de civiles antes de lanzar los misiles. Al preguntarle de nuevo al día siguiente por qué se había bombardeado el puente a mediodía, se limitó a contestar: «Tomamos las mismas precauciones a mediodía que a medianoche».

	El ataque al puente de Varvarin suscitó preocupaciones acerca de si la OTAN tomaba las debidas precauciones para proteger a los civiles al seleccionar los objetivos y decidir el momento y el modo de atacar. A pesar de que ya se había expresado esta preocupación en ocasiones anteriores, continuaron efectuándose ciertos ataques en condiciones en que se corría el riesgo de causar bajas civiles. Este bombardeo pone en tela de juicio la eficacia de las modificaciones del reglamento de combate que la OTAN dijo haber realizado tras el bombardeo del 14 de abril a civiles desplazados cerca de Djakovica.

	En la reunión de Bruselas, los funcionarios de la OTAN dijeron a Amnistía Internacional que, después de este ataque, la alianza hizo más estricto su reglamento de combate para «tener en cuenta el momento del día y las circunstancias». Esta precaución básica se debería haber incorporado al reglamento de combate desde el principio, no una semana antes de que acabaran los bombardeos.

5.9	El ataque de Surdulica del 31 de mayo de 1999 

	El 31 de mayo, las autoridades yugoslavas informaron de que se habían lanzado dos misiles contra el edificio principal del Hospital Especial de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares de Surdulica y de que otros dos habían alcanzado una casa de reposo instalada en el recinto del hospital. Murieron 16 o 17 personas. Los periodistas que visitaron entonces el lugar vieron 11 cadáveres cubiertos con sábanas cerca del edificio médico destruido y otros cuatro en camillas delante de la casa de reposo. Vieron también los brazos de una víctima más sobresaliendo de las ruinas del edificio. 

	Según el libro blanco del Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo, se lanzaron varios misiles contra los edificios del recinto del Hospital Especial, algunos de los cuales se utilizaban como casa de reposo y como centro de acogida de refugiados. Un misil alcanzó el sanatorio; otros dos, el centro de acogida, que alojaba a refugiados serbios de Croacia, y otro más, la casa de reposo. Un laboratorio que había en el hospital quedó destruido. Murieron 19 personas, y resultaron heridas 38, tres de ellas de gravedad. Todos los muertos eran civiles.

	Los residentes dijeron que poco después de media noche había habido cuatro explosiones y que el cuartel y el arsenal más cercano estaban a más de tres kilómetros de allí. De acuerdo con la información disponible, el hospital estaba indicado en todos los mapas de la zona. 

	En la conferencia de prensa de la OTAN del 31 de mayo, el coronel Freytag respondió lo siguiente a una pregunta sobre el ataque de Surdulica: 

Lo cierto es que anoche la aviación de la OTAN atacó un cuartel y un arsenal militar de la proximidades de esa ciudad. Ambos objetivos eran legítimos y ya habían sido atacados anteriormente. Todos los proyectiles alcanzaron el blanco. La OTAN no puede confirmar la afirmaciones serbias sobre bajas o daños colaterales causados en Surdulica. 

	Al día siguiente, Jamie Shea dijo que se habían disparado contra las instalaciones de Surdulica cuatro misiles de precisión teledirigidos, todos los cuales habían alcanzado el blanco. La OTAN no ofreció absolutamente ninguna explicación acerca de por qué había sido atacado el recinto hospitalario.

	Sin embargo, en julio, al declarar ante el Congreso, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, John Hamre, y el director de la CIA, George Tenet, hablaron del bombardeo por accidente de un hospital durante la operación aérea, John Hamre dijo: «Hubo un caso en el que atacamos un hospital. Fue totalmente por accidente. Se debió a un error humano». Y George Tenet explicó: Atacamos un hospital. No pretendíamos hacerlo. Lo que pasó fue que el pilotó se desorientó y se alejó más de dos kilómetros pensando que eran sus coordenadas». La transcripción de las declaraciones no deja claro a qué caso se estaban refiriendo, pues en el curso de la operación aérea la OTAN atacó varios hospitales, clínicas y centros médicos, incluidos uno de Niš el 7 de mayo y el hospital Dragiša Mišoviƒ de Belgrado el 20 de mayo. Human Rights Watch ha relacionado esta explicación con el ataque de Surdulica del 31 de mayo.

	En la reunión de febrero del 2000 con Amnistía Internacional, los funcionarios de la OTAN dijeron que las bajas civiles de Surdulica se debieron probablemente a una bomba que funcionó mal. No pudieron confirmar que, como habían dicho John Hamre y George Tenet ante el Congreso, se matara a civiles debido a un error del piloto. 

	Un reportero que quiso averiguar si había una base militar en los bosques de los alrededores del hospital encontró los restos de dos fuegos de campamento y cuatro pozos de tirador como los que cavaban los soldados para protegerse de las bombas. Vio también otros 12 pozos de tirador recién cavados en otro sendero. El jefe de las unidades locales de defensa civil le dijo que probablemente eran del personal del hospital, que los utilizaba a modo de refugio, y otras autoridades explicaron que quizá hubiera acampado allí el personal de defensa de una estación repetidora de radio situada a unos dos kilómetros a allí. No había señales, no obstante, de ningún cuartel o arsenal militar.

	Según unas declaraciones del director del sanatorio reproducidas por la prensa, había acogidos 60 refugiados serbios de Croacia y dos soldados yugoslavos enfermos. Sin embargo, en el libro blanco del Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo se cita a un empleado de hospital, según el cual jamás hubo en éste personal militar. Otro testigo, una refugiada que vivía en el sanatorio, ha manifestado que el centro de acogida del Comisionado para los Refugiados ocupaba algunas salas de la primera y la segunda planta del hospital y que la planta baja se utilizaba para la actividad hospitalaria habitual. Pero en un artículo escrito tras una visita de seguimiento que realizó en noviembre, el periodista británico Robert Fisk informó de que un amigo de uno de los civiles muertos durante el bombardeo había dicho que había muchos soldados en la planta baja del edificio donde estaban alojados los refugiados. No habían resultado heridos en el ataque porque estaban en la planta baja.

	Si la OTAN bombardeó intencionadamente el recinto hospitalario porque pensaba que había soldados alojados en él, podría haber violado las normas del derecho de los conflictos armados. Según el artículo 50.3 del Protocolo I, «la presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil». No cabe duda de que el recinto hospitalario era un bien de carácter civil con una gran población civil, y la presencia de soldados en él no privaba a esos civiles ni al recinto de su condición de personas y bienes protegidos. 

	No obstante, si la declaración ante el Congreso de Estados Unidos sobre el bombardeo accidental de un hospital se refiere al ataque de Surdulica del 31 de mayo y la OTAN reconoce, por tanto, que se cometió un error, la cuestión que se plantea es si se tomaron las precauciones necesarias para no confundir un bien de carácter civil con un objetivo militar. 
	Como mínimo, este ataque y sus consecuencias ponen de manifiesto cuán reacia es la OTAN a revelar información sobre casos en los que se produjeron víctimas civiles. Al principio, la alianza negó rotundamente haber atacado un hospital de Surdulica. Semanas más tarde, en el contexto de una declaración ante Congreso sobre el bombardeo de la embajada china en Belgrado, dos altos cargos estadounidenses aludieron indirectamente al ataque a un hospital (quizá en Surdulica) debido a un error del piloto. Por último, más de ocho meses después del ataque, unos funcionarios de la OTAN dijeron a Amnistía Internacional que las bajas civiles podrían haber sido causadas por un bomba que funcionó mal.